Casi tres meses después de que el Gobierno aprobara la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para el transporte, las empresas del sector no han cobrado ni un céntimo. El obstáculo está en Bruselas, ya que toda ayuda estatal que un gobierno miembro otorga a un sector concreto debe recibir autorización previa de la Comisión Europea antes de poder hacerse efectiva, y en este caso ese visto bueno todavía no ha llegado.
La situación contrasta llamativamente con lo ocurrido en otros sectores. La agricultura y la pesca, que recibieron la misma bonificación de 20 céntimos en el mismo decreto ley de marzo, ya han obtenido la luz verde de Bruselas y llevan semanas cobrando. El transporte, que suma un volumen de consumo de combustible incomparablemente mayor, sigue a la espera mientras los costes de explotación acumulan un alza del 17,6% en términos anuales, con el combustible como principal detonante.
Uno de los puntos que complican la negociación con Bruselas no es tanto la bonificación de 20 céntimos en sí misma como las ayudas directas por vehículo que el decreto aprobó para compensar a las empresas que no consumen gasóleo profesional: 1.800 euros por vehículo pesado propulsado por GLP, GNC o GNL; 665 euros por vehículos de entre 3,5 y 7,5 toneladas; y 300 euros por furgoneta. Esas líneas paralelas parecen estar generando más fricción en el examen de Bruselas que la medida principal.
El otro escollo que el Ministerio intenta resolver es que la Comisión no establezca un tope máximo por empresa, una limitación que perjudicaría especialmente a las flotas más grandes, que son precisamente las que más combustible consumen y las que mayor exposición tienen al encarecimiento del gasóleo. La posición negociadora española apunta a que la ayuda llegue sin ese tipo de restricciones.
El marco temporal que la Comisión Europea aprobó el 29 de abril, y que permite a los estados miembros compensar hasta el 70% de los sobrecostes energéticos de los sectores más afectados por la crisis en Oriente Medio, está vigente hasta el 31 de diciembre, pero su existencia no exime al Gobierno español de obtener la autorización específica para su medida concreta. Que el marco temporal esté en vigor no equivale a que las ayudas nacionales ya estén aprobadas.
El calendario añade un elemento de paradoja adicional. Las medidas aprobadas en el decreto ley de marzo expiran a finales de junio, con lo que existe la posibilidad real de que los transportistas empiecen a cobrar la bonificación de 20 céntimos una vez que la medida que la ampara ya haya caducado. El Gobierno ha anunciado un nuevo decreto ley anticrisis para el 29 de junio, pero sin detallar qué medidas incluirá ni en qué cuantía, lo que no despeja la incertidumbre sobre si la bonificación encontrará continuidad en el nuevo texto o bajo qué condiciones.
Para el sector, todo esto significa que es una ayuda anunciada que no llega, en un contexto en que los costes siguen subiendo y los precios de venta crecen a un ritmo claramente inferior al de los costes. La autorización de Bruselas marcará el momento en que esa ayuda pase de ser una promesa a convertirse en liquidez real para las empresas.
Carlos Zubialde
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