La confederación Española de empresas de Transporte de Mercancías (CETM) ha vuelto a advertir del impacto económico que tendría para el transporte y para el conjunto de la economía española la intención del Gobierno de equiparar la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina. La organización recuerda que el Ejecutivo ha retomado esta propuesta en un momento especialmente sensible para el sector, que depende casi en exclusiva del diésel para desarrollar su actividad diaria. El precio actual del gasóleo se sitúa en torno a 1,42 euros por litro, de modo que llenar un depósito de 1.000 litros supone ya un coste de 1.420 euros. Según los cálculos de la Confederación, si finalmente se aplica la subida del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que podría incrementarse hasta un 24,72%, ese mismo repostaje ascendería a 1.533 euros, lo que representa un aumento de 113,3 euros por depósito.
Desde CETM se subraya que este encarecimiento tendría efectos inmediatos sobre miles de empresas y autónomos del transporte de mercancías por carretera, un sector que ya opera con márgenes muy ajustados. No obstante, advierte de que el impacto iría mucho más allá y se trasladaría al conjunto de la economía, incrementando los costes logísticos y, con ello, el precio final de numerosos productos y servicios consumidos por la ciudadanía. La entidad recuerda que trasladó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un análisis detallado sobre los perjuicios de esta medida, en el que señalaba que el incremento fiscal encarecería de forma directa la actividad del transporte, afectaría a la competitividad de los productos españoles en los mercados europeos y podría provocar una fuga de consumos hacia países vecinos. Según la organización, muchas flotas extranjeras dejarían de repostar en España, lo que no solo reduciría los ingresos vinculados al suministro de carburantes, sino también los que generan las áreas de servicio, zonas de descanso y otros puntos estratégicos ligados a la actividad del transporte internacional.
Para que la equiparación fiscal salga adelante, el Gobierno necesitaría el respaldo de otras formaciones políticas. La CETM pide a todos los partidos que tengan en cuenta la gravedad de los efectos que esta medida podría desencadenar y que no la apoyen como moneda de cambio en negociaciones de carácter político. La patronal considera especialmente preocupante que, mientras se plantea un incremento de costes de esta magnitud, no se propongan mecanismos de apoyo al transporte profesional en el marco de la transición hacia una movilidad más sostenible. Señala que el reciente Plan Auto 2030 dirige todas sus ayudas hacia los vehículos eléctricos, sin incluir a los vehículos pesados, que constituyen el núcleo esencial del transporte de mercancías.
La CETM defiende que el sector necesita incentivos para acelerar la renovación del parque, incorporando camiones diésel más eficientes con motores Euro de última generación, así como vehículos capaces de utilizar combustibles renovables. Considera igualmente necesario impulsar medidas que permitan sostener la actividad económica de empresas y autónomos mientras avanza la transición tecnológica, evitando que el esfuerzo recaiga únicamente sobre los operadores que garantizan el suministro diario de mercancías en todo el país.
Finalmente, la Confederación reitera su petición de que no se proceda a la equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina y reclama la puesta en marcha de un programa específico de apoyo a la renovación de vehículos pesados que permita compatibilizar el avance hacia una movilidad más sostenible con la viabilidad de un sector estratégico para la economía española.
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