En los últimos años, y de forma especialmente visible desde finales de 2025, el peaje ha dejado de ser un elemento accesorio dentro de la estructura de costes del transporte por carretera para convertirse en un factor determinante de la rentabilidad. Lo que hasta hace poco se consideraba un coste asumible dentro del cálculo del viaje hoy empieza a competir, e incluso a superar, al combustible en algunos países de la Unión Europea.

Los datos más recientes muestran que en Austria y Hungría las tarifas de peaje por kilómetro ya superan el coste del gasóleo. Este cambio no es menor, porque altera por completo la lógica económica de determinadas rutas y obliga a replantear decisiones operativas que hasta ahora se daban por sentadas. Circular por autopista, tradicionalmente sinónimo de eficiencia y ahorro de tiempo, empieza a ser una elección que penaliza directamente el margen.

El cierre del cuarto trimestre de 2025 ha sido especialmente significativo. La mayoría de los países de la UE aplicaron subidas de tarifas que, aunque en algunos casos pueden parecer moderadas, acumuladas tienen un impacto relevante. En Eslovenia el incremento fue del 1,1 %, mientras que en Austria alcanzó el 7,7 % en autopistas. El caso más llamativo es el de Chequia, donde las carreteras principales registraron subidas de hasta el 14,4 %. Estas diferencias territoriales añaden complejidad a la planificación internacional y reducen la previsibilidad de los costes.

Polonia es otro ejemplo de cómo el peaje se está utilizando como herramienta de alineación normativa. El país aplicó una subida del 5 % y ya ha anunciado un nuevo incremento del 40 % para ajustarse a la Directiva Euroviñeta. Para las empresas que operan flujos regulares hacia Europa del Este, este tipo de decisiones supone un golpe directo a contratos cerrados con márgenes muy ajustados y escaso margen de revisión a corto plazo.

El cambio que se prepara en Países Bajos va en la misma dirección. A partir de julio de 2026, el país abandonará el sistema de peaje basado en el tiempo para implantar uno basado en la distancia recorrida. Aunque el modelo puede parecer más equitativo desde el punto de vista regulatorio, para el transportista implica una mayor exposición al coste variable y una menor capacidad de diluir el impacto en función del uso.

Desde el punto de vista empresarial, la consecuencia es clara. El peaje ya no puede tratarse como una línea secundaria dentro del cálculo del viaje. Afecta a la selección de rutas, al tipo de vehículo, a la viabilidad de determinadas operativas y, en muchos casos, a la relación contractual con el cliente. Para las pymes y los autónomos, que trabajan con tarifas cerradas y escasa capacidad de negociación, el incremento sostenido de los peajes añade una presión financiera difícil de absorber.

La tendencia apunta a que el peaje seguirá ganando peso como instrumento de política europea, ya sea por motivos medioambientales, fiscales o de financiación de infraestructuras. Para el transporte, el reto no está solo en asumir el coste, sino en integrar esta nueva realidad en la toma de decisiones diarias, sabiendo que cada kilómetro recorrido tiene ahora un precio más visible y menos negociable.

Carlos Zubialde

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