La Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, ha puesto sobre la mesa un problema que afecta directamente a cualquier empresa de transporte y logística con obligaciones fiscales en España, que son todas: el Gobierno tiene previsto implantar Verifactu en enero de 2027 y la factura electrónica obligatoria en octubre de ese mismo año, pero ninguno de los dos sistemas cumple con la Directiva europea del IVA conocida como ViDA, que exigirá un modelo unificado y homologado a nivel comunitario antes de 2030. El resultado práctico es que las empresas que inviertan en adaptar sus sistemas el año que viene tendrán que volver a hacerlo en un plazo de dos o tres años.
Verifactu obliga a disponer de un Sistema Informático de Facturación con características concretas: trazabilidad, inalterabilidad y conservación de los registros, con la opción de remitirlos a la Agencia Tributaria de forma automática. La factura electrónica obligatoria, por su parte, se aplicará desde octubre de 2027 para quienes facturen más de ocho millones de euros, y desde octubre de 2028 para el resto. A estos dos sistemas se suma el Suministro Inmediato de Información, el SII, operativo desde 2017 para grandes empresas. Tres sistemas distintos que, según los expertos de Aedaf, deberán converger en uno solo en 2030 porque la Directiva ViDA exige precisamente eso: un único modelo, con características homogéneas en toda la UE y con capacidad para gestionar también las operaciones intracomunitarias.
Para el sector logístico y de transporte, cuya operativa genera un volumen elevado de documentación fiscal, albaranes, facturas de porte, documentos de entrega y registros de operaciones cruzadas entre varios países, el impacto de esta situación no es menor. Muchos operadores trabajan con TMS, ERP o plataformas de gestión propias que tendrán que adaptarse a Verifactu en 2027, y esa adaptación tiene un coste en tiempo, en dinero y en horas de integración técnica. Si esos mismos sistemas tienen que volver a modificarse antes de 2030 para cumplir con ViDA, el desembolso se duplica sin que la operativa mejore de forma sustancial.
El Gobierno reconoce que los tres sistemas actuales deberán adaptarse para cumplir con la normativa europea, aunque mantiene el calendario previsto. La Aedaf no pide paralizar el proceso, sino que lo que entre en vigor esté diseñado desde el principio con el horizonte de 2030, evitando que las empresas asuman costes de adaptación que quedarán obsoletos en el corto plazo. Una moción en ese sentido fue aprobada en el Senado con los votos del PP, Vox y PNV, mientras el PSOE votó en contra argumentando que la intención era simplemente posponer la medida.
Para las empresas de transporte y logística, la pregunta práctica es cuándo conviene comenzar las adaptaciones y con qué arquitectura técnica. Hacerlo ahora con Verifactu como referencia puede suponer pagar dos veces por el mismo resultado. Esperar, en cambio, tiene sus propios riesgos si los plazos legales no se modifican.
Carlos Zubialde
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