Tres repartidores autónomos que durante años recogieron paquetes en el almacén de FedEx en Alcantarilla (Murcia) y los entregaron con sus propios vehículos han conseguido que la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia condene a FedEx Express Spain a pagarles 65.666,03 euros, más los intereses desde agosto de 2020 y las costas. Lo que hace relevante el caso para todo el sector es que FedEx ya había pagado ese trabajo, pero se lo había pagado a la empresa intermediaria que contrataba a los transportistas, y esa empresa nunca les hizo llegar el dinero.
El esquema de trabajo es el habitual en muchas redes de reparto; diríamos que la gran mayoría. Los autónomos facturaban a una empresa mercantil de transportes denominada Aina Murciana Logística, Aina facturaba a FedEx y, cuando FedEx pagaba, Aina pagaba a los repartidores. Según una de las sentencias, era el propio personal de FedEx el que indicaba por correo electrónico a los transportistas qué periodos, distancias e importes debían facturar a la intermediaria. En el verano de 2019 el banco devolvió los pagarés con los que Aina tenía que pagar las facturas de mayo, la empresa terminó en concurso de acreedores y los repartidores se quedaron sin cobrar, mientras FedEx seguía pagando a Aina hasta noviembre un total de 190.866 euros.
La base de la condena es la disposición adicional sexta de la Ley 9/2013, que reformó la ley de ordenación del transporte terrestre y que sigue siendo poco conocida fuera de los despachos especializados. Esta norma establece que, cuando hay intermediarios entre el cliente y quien hace realmente el transporte, el transportista que no cobra puede reclamar directamente al cargador principal, es decir, a quien encargó el servicio en origen. El Tribunal Supremo ha interpretado en varias sentencias que esta garantía protege a la parte más débil de la cadena y funciona aunque el cliente ya haya pagado al intermediario, de modo que el Supremo admite que el cargador pueda acabar pagando dos veces y tenga que intentar después recuperar el dinero del intermediario. La única forma de evitarlo, según el alto tribunal, es prohibir la subcontratación en el contrato.
FedEx alegó que ya había pagado, que en realidad no había subcontratación y que la reclamación llegaba tarde, y los jueces rechazaron los tres argumentos. Sobre el plazo, la ley da un año para reclamar, pero una reclamación por escrito lo deja en suspenso hasta que la otra parte la rechace también por escrito, y FedEx recibió el burofax de agosto de 2020 y nunca lo contestó. Según las sentencias, varios testigos, incluidos empleados de FedEx, declararon además que la compañía conocía los problemas de Aina antes del concurso. La condena se reparte en tres sentencias, de 25.945,07, 13.937,76 y 25.783,20 euros, ninguna de ellas firme, y FedEx puede recurrirlas en apelación.
El despacho que ha representado a los transportistas recuerda que el Supremo ya ha aplicado esta vía en litigios contra otros cargadores y operadores logísticos y que sirve igual en distribución alimentaria, transporte frigorífico, automoción o comercio electrónico, sin necesidad de que el intermediario haya quebrado. Basta con que no haya pagado un transporte que sí se hizo, y otros dos repartidores que declararon como testigos tienen ya sus propias demandas contra FedEx.
Las sentencias tienen consecuencias para ambos extremos de la cadena de transporte, porque un autónomo o una pequeña empresa de transporte que trabaja a través de un intermediario y deja de cobrar tiene un derecho que muchos desconocen, y conviene que lo ejerza por escrito y a tiempo, guardando facturas y correos que prueben para quién se hizo realmente el servicio. Un cargador que encarga transporte y no controla si se subcontrata asume en la práctica el riesgo de que su proveedor no pague a quien conduce, y le conviene revisar sus contratos y comprobar que el operador al que paga está pagando a su vez a los transportistas que hacen el trabajo.
Carlos Zubialde
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