La descarbonización del reparto urbano de mercancías avanza en Europa a un ritmo que España no está logrando igualar. El retraso se explica de forma sencilla, y es que la falta de estímulos económicos efectivos y por un marco fiscal poco alineado con los objetivos de movilidad sostenible tienen el resultado presente, que se puede calificar como de pobre. En otros países europeos, la fiscalidad aplicada a los vehículos empresariales favorece de forma clara la transición hacia modelos eléctricos, mientras que en España las diferencias impositivas siguen siendo demasiado reducidas para impulsar un cambio real en las flotas urbanas, lo que hace que las empresas decidan continuar con sus flotas actuales.
El sector logístico insiste en la necesidad de disponer de incentivos accesibles que permitan renovar de forma acelerada los vehículos destinados a la distribución urbana, en caso contrario, ese cambio queda paralizado tanto por esa falta de estímulos, así como por la inseguridad que se ciñe sobre este tema, donde las autoridades cambian de regulación de forma constante, creando un vacío y una inseguridad que no ayuda.
Las comparativas internacionales muestran que los países con una estrategia fiscal coherente, que han apostado por ayudar, incentivar y además, hacerlo de forma correcta, han logrado introducir el vehículo de cero emisiones con mayor rapidez, incluso en contextos económicos menos favorables. En España, sin embargo, el escaso margen entre la carga fiscal de un modelo eléctrico y su equivalente de combustión dificulta las decisiones de inversión para cambiar el tipo de motorización, y retrasa la modernización del parque móvil.
No obstante, la innovación no puede centrarse únicamente en los vehículos. Las ciudades necesitan espacios de carga y descarga gestionados digitalmente, capaces de optimizar los tiempos de estancia, reducir la circulación innecesaria y minimizar las interferencias en la vida urbana. Se centra siempre la larga sobre el sector del transporte y la última milla, pero estos desarrollan su actividad en un entorno concreto como lo es la ciudad, y esta también debe de alinearse para facilitar el sistema. La gestión inteligente del espacio público contribuye tanto a la eficiencia logística como a la convivencia en las zonas de mayor actividad comercial, y siendo tan beneficioso, resulta en ocasiones sorprendente que muchos ayuntamientos no trabajen esa línea.
En paralelo, la colaboración entre administraciones locales y empresas del sector se ha convertido en un elemento esencial para construir modelos urbanos más flexibles y sostenibles. Los proyectos conjuntos orientados a mejorar la gestión de la última milla están permitiendo avanzar hacia ciudades digitalizadas, preparadas para responder a nuevas dinámicas de consumo y movilidad. La distribución urbana eficiente no solo garantiza el abastecimiento, sino que también reduce desplazamientos innecesarios y mejora la calidad de vida en los entornos metropolitanos.
El sector apuesta por intensificar el trabajo conjunto con las administraciones públicas en materia de movilidad sostenible y seguridad vial. La transformación del reparto urbano requiere un marco regulatorio coherente, infraestructuras adaptadas y una hoja de ruta fiscal que acompañe la transición hacia flotas de bajas y cero emisiones, si esto no se logra, el punto actual no avanzará. Solo con un enfoque integral será posible acelerar la descarbonización y situar a España en un ritmo de avance comparable al del resto de Europa, pero para eso, es necesario cambiar muchas cosas.
Carlos Zubialde
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