La fiscalidad de los transportistas autónomos vuelve a instalarse en el mismo punto muerto de los últimos años, y es que, a falta de apenas dos semanas para el cierre del trimestre y para el inicio de las obligaciones fiscales del IVA, el Gobierno todavía no ha aclarado si el límite de facturación que permite tributar por módulos seguirá situado en 125.000 euros anuales para el transporte.
La incertidumbre no nace de un cambio de criterio explícito, sino de un vacío normativo que se repite año tras año, este 2026 con especial retraso. Los dos decretos ley que incluían la prórroga de ese límite han sido rechazados en el Congreso, lo que deja en el aire el marco fiscal que deben aplicar miles de transportistas autónomos en plena campaña fiscal del primer trimestre.
El problema es de mucho calado para el sector si se tiene en cuenta el funcionamiento del régimen de estimación objetiva. Para quienes tributan por módulos, saber si pueden continuar dentro del sistema o deben pasar a estimación directa cambia por completo la estructura fiscal del negocio. A mediados de marzo, esa respuesta sigue sin existir de forma oficial.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha trasladado ya su preocupación al Gobierno. La patronal recuerda que decenas de miles de transportistas trabajan bajo este régimen fiscal y que la falta de una decisión clara introduce una inseguridad jurídica difícil de justificar a estas alturas del calendario fiscal.
El precedente más cercano no invita al optimismo porque en el año 2025 la situación fue prácticamente idéntica y el Ministerio de Hacienda terminó resolviéndola mediante una nota informativa avanzada la primavera. El argumento fue que el límite de 125.000 euros había estado en vigor durante los primeros días del año, antes de que el Congreso tumbara el decreto correspondiente, lo que permitía mantenerlo durante todo el ejercicio.
Ese mismo razonamiento podría aplicarse ahora, pero la decisión sigue sin formalizarse, y el sector se pone nervioso, como es normal. Mientras tanto, transportistas y asesores fiscales trabajan sin una referencia normativa clara a escasos días de tener que presentar las liquidaciones correspondientes al primer trimestre, con la inseguridad que ello conlleva.
La situación vuelve a evidenciar un problema que el sector arrastra desde hace casi una década. El límite actual de 125.000 euros no responde a una reforma estructural del sistema, sino a una prórroga temporal que se ha ido renovando año tras año. Lo que en su origen iba a ser un periodo de transición se ha convertido en una solución provisional permanente. Antes de 2016, los transportistas podían acogerse al régimen de módulos siempre que su facturación no superase los 450.000 euros anuales. La reforma fiscal redujo ese umbral hasta los 150.000 euros con carácter general y hasta 75.000 euros cuando la mayoría de los ingresos procedían de empresas, que es el caso habitual en el transporte de mercancías.
Ante las dificultades que generaba ese nuevo marco, se acordó una fase de adaptación que elevaba temporalmente el límite hasta los 125.000 euros. Aquella transición debía durar dos años. Desde entonces se ha prolongado mediante prórrogas sucesivas que cada ejercicio vuelven a resolverse en el último momento.
El resultado es un escenario en el que una parte importante del transporte autónomo arranca cada año sin saber cuál será exactamente su régimen fiscal. La cuestión ya no es solo si el límite se mantendrá o no, sino por qué el sector sigue dependiendo de decisiones improvisadas que llegan cuando el calendario fiscal está prácticamente encima de la mesa.
El transporte suele hablar de planificación, de rutas optimizadas y de márgenes cada vez más estrechos. Sin embargo, en materia fiscal, muchos profesionales siguen trabajando con una variable básica sin resolver hasta el último minuto. Para un sector acostumbrado a operar con previsión, gestionar la incertidumbre normativa se ha convertido en una anomalía que empieza a parecer estructural.
Y qué contar de la actual situación mundial que ha puesto los costes como el combustible en unos límites insoportables para el sector.
Carlos Zubialde
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