Durante años, en muchas empresas de transporte de mercancías por carretera, la huella de carbono se ha visto como algo ajeno a la operativa diaria. Un dato que se calculaba para cumplir con una exigencia puntual o para completar una memoria corporativa, sin una conexión real con cómo se planifican las rutas o se asignan los camiones. Ese enfoque hoy se ha quedado atrás, aunque no todas las empresas lo tengan todavía interiorizado.
El impacto ambiental del transporte por carretera está pasando a formar parte de la gestión diaria del negocio. No solo por la presión de los clientes o de los mercados internacionales, sino porque la propia normativa española ha establecido obligaciones claras en este sentido.
En concreto, la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado y en vigor desde el 5 de diciembre de 2025, incluye un capítulo dedicado al cálculo, información y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Esta ley establece que los operadores y prestadores de servicios de transporte, incluidos los dedicados al transporte de mercancías por carretera, deberán medir y reportar sus emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero siguiendo una metodología oficial, con el objetivo de dotar de transparencia y comparabilidad a estos datos. Esto convierte la medición de la huella de carbono en algo más que una buena práctica: en una obligación regulada que influirá en contratos, licitaciones y relaciones comerciales con cargadores y plataformas logísticas.
Kilómetros en vacío, retornos mal planificados, cargas mal consolidadas o decisiones tomadas con poca información se traducen directamente en más consumo de combustible y más emisiones. No medir este impacto implica no saber dónde se está perdiendo eficiencia ni qué parte del problema está en la planificación y no en la propia actividad. Y hoy, ese desconocimiento ya no es sostenible, ni desde el punto de vista ambiental ni económico.
Medir no es solo cumplir con una norma. Medir sirve para entender cómo funciona de verdad la operación de transporte: qué rutas generan más emisiones, qué clientes o servicios concentran más kilómetros improductivos o qué decisiones de planificación están penalizando el rendimiento de la flota. Sin ese nivel de detalle, cualquier estrategia de sostenibilidad se queda en declaraciones genéricas, sin capacidad real de mejora.
Aquí es donde cobran sentido herramientas pensadas específicamente para el transporte por carretera, como las soluciones de medición de huella de carbono de OkCargo. Integrar la medición en los flujos reales de transporte permite pasar del dato anual agregado a un análisis útil para el día a día, vinculado a viajes concretos, camiones, cargas y rutas reales. La huella deja de ser un número abstracto y pasa a ser un indicador más de gestión de flota.
Eso sí, medir por sí solo no reduce emisiones. El valor aparece cuando esa información se utiliza para tomar decisiones distintas. En el transporte por carretera, una de las principales fuentes de emisiones innecesarias sigue siendo el kilometraje en vacío y la mala asignación de cargas. Reducir ese punto tiene un impacto inmediato: menos combustible, menos desgaste del vehículo y una mejor utilización de la flota.
En ese sentido, el uso de inteligencia artificial como ARCO, el algoritmo predictivo de asignación automática de cargas desarrollado por Okcargo, representa una evolución lógica de la gestión del transporte. Reducir kilómetros improductivos no es solo una mejora ambiental: es una mejora económica directa para el transportista.
Este enfoque conecta sostenibilidad y rentabilidad, dos conceptos que durante mucho tiempo se han tratado como opuestos en el sector. En realidad, muchas de las decisiones que reducen la huella de carbono en el transporte por carretera son decisiones de buena gestión: planificar mejor los retornos, consolidar cargas, asignar camiones con criterio y medir resultados.
Para las empresas de transporte, además, medir la huella de carbono empieza a ser también una cuestión de posicionamiento. Cada vez más cargadores comparan opciones no solo por precio y servicio, sino también por impacto ambiental. Quien no tenga datos fiables quedará fuera de esa conversación. Y para los cargadores, disponer de esta información es clave para entender su huella indirecta y tomar decisiones más coherentes en su cadena de suministro, además de cumplir con sus propias obligaciones legales.
La transición no será inmediata ni sencilla, especialmente en un sector tan ajustado como el transporte por carretera. Requiere datos, herramientas y un cambio de mentalidad. Pero ignorarla ya no es una opción realista. La huella de carbono está entrando en la cabina de mando del transporte, no como una cuestión ideológica, sino como una variable más que influye en costes, contratos y cumplimiento normativo.
Carlos Zubialde
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