Los operadores de recarga ultrarrápida llevan tiempo diciéndolo, pero esta semana lo han dicho en el Congreso de los Diputados. La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) organizó sus primeras Jornadas Parlamentarias con un mensaje central que no deja mucho margen a la interpretación: el dinero está sobre la mesa, la tecnología está desplegada, y lo que bloquea la electrificación del transporte en España es la burocracia y la falta de seguridad regulatoria.
Los seis miembros fundadores de AORU, Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder, han invertido ya 150 millones de euros en España y han puesto en marcha más de 2.000 puntos de recarga ultrarrápida, capaces de cargar un vehículo en menos de 20 minutos. El problema no es la falta de compromiso inversor. El problema es que desde que se decide instalar un punto de recarga hasta que ese punto está operativo pueden pasar hasta 36 meses, sobre todo por los procesos de conexión a la red y la tramitación administrativa.
Bastien Verot, presidente rotatorio de AORU y CEO de Electra, lo situó en un contexto más amplio durante la apertura: España destina cerca de 40.000 millones de euros anuales a importar petróleo y gas, y la electrificación del transporte no es solo una cuestión medioambiental, sino de soberanía energética y competitividad industrial. El argumento tiene peso, especialmente cuando España es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y tiene mucho que perder si el mercado eléctrico se desarrolla antes fuera que dentro.
Para desbloquear la situación, AORU ha presentado el manifiesto Charging4Impact, con seis medidas concretas:
- Plazos vinculantes para las distribuidoras eléctricas, con obligación de responder a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles y sanciones por incumplimiento.
- Transparencia en la red, con publicación de mapas detallados de capacidad disponible hasta el nivel de líneas individuales de media tensión.
- Fin de las denegaciones opacas, prohibiendo a las distribuidoras rechazar el acceso a la red sin ofrecer explicaciones claras y alternativas viables.
- Desbloqueo municipal mediante la aplicación homogénea de la Declaración Responsable en todos los municipios, con silencio administrativo positivo tras tres meses sin respuesta.
- Identidad propia para el sector, con la creación del epígrafe CNAE 35.17 para los servicios de recarga, que evite aplicar a las electrolineras requisitos pensados para gasolineras tradicionales.
- Certidumbre en los incentivos, con una evolución del Plan Auto 2030 hacia un sistema de adjudicación directa y armonizada.
Desde el lado institucional, Miguel Rodrigo, director general del IDAE, reconoció la necesidad de seguir desarrollando el marco normativo, aunque diferenció entre aprobar nuevas medidas y ejecutar correctamente las ya existentes. Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible del mismo organismo, apuntó a algo que el sector lleva tiempo señalando: hay que usar mejor la red existente antes de exigir solo más inversión en nueva infraestructura.
La recarga ultrarrápida no es un sector emergente que pide apoyo para arrancar. Es un sector que ya ha invertido, que tiene proyectos en marcha y que lleva 36 meses esperando conexiones que no llegan. La pregunta que queda después de estas jornadas no es si España quiere electrificar el transporte, sino si su administración es capaz de ejecutarlo al ritmo que el mercado ya está dispuesto a financiar.
Carlos Zubialde
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