La supresión de la franquicia aduanera para envÃos de menos de 150 euros y la introducción de una tasa fija provisional de tres euros por paquete suponen un cambio estructural en la operativa del comercio electrónico transfronterizo hacia la Unión Europea. El Consejo ha dado luz verde definitiva a la medida y, a partir del 1 de julio, cada paquete de bajo valor enviado directamente a consumidores comunitarios quedará sujeto a este derecho de aduana provisional hasta que entre en funcionamiento el futuro Centro Aduanero de Datos de la UE, previsto para 2028.
El volumen sobre el que se aplicará esta tasa no es marginal. Las instituciones europeas reconocen que los pequeños envÃos se han multiplicado en los últimos años, con miles de millones de paquetes anuales entrando en el mercado comunitario y una fuerte concentración de origen en China. Hasta ahora, la exención por debajo de 150 euros permitÃa una tramitación simplificada que sostenÃa el modelo de importación masiva de bajo coste. Eliminar ese umbral cambia las reglas del juego.
El problema no es únicamente fiscal. Es operativo. Gravar cada paquete implica declararlo, clasificarlo por subpartida arancelaria y gestionar el cobro del derecho correspondiente. En teorÃa, la futura reforma aduanera y el Centro Aduanero de Datos pretenden digitalizar y centralizar la información para absorber ese volumen. En la práctica, durante el periodo transitorio se aplicará una tasa uniforme que deberá gestionarse con sistemas nacionales aún fragmentados.
Aquà aparece la primera incógnita relevante para operadores logÃsticos y empresas de transporte: ¿quién y cómo asumirá el cobro efectivo de esos tres euros? El texto normativo define la obligación, pero no despeja el circuito financiero. Cabe la posibilidad de que el destinatario abone la tasa a la llegada del paquete, lo que añadirÃa fricción en la entrega y riesgo de rechazo. También podrÃa exigirse el pago anticipado por parte del transportista antes del despacho, con el consiguiente impacto en tesorerÃa y gestión administrativa. Otra alternativa es que el marketplace recaude el importe en el momento de la compra y lo liquide posteriormente con la empresa de transporte o con la autoridad aduanera.
Cada uno de estos escenarios tiene implicaciones distintas en costes, tiempos y experiencia de cliente. Para los operadores de paqueterÃa, la falta de claridad introduce un riesgo evidente de colapso operativo en picos de volumen. Si el proceso no está automatizado y alineado entre plataformas, aduanas y transportistas, la acumulación de pequeños envÃos pendientes de despacho puede convertirse en un cuello de botella difÃcil de absorber.
Las instituciones europeas justifican la medida por su impacto positivo en los ingresos públicos y por la necesidad de adaptar el sistema aduanero al crecimiento del comercio electrónico y a las nuevas realidades geopolÃticas. Sin embargo, la transición hasta 2028 se apoyará en estructuras que ya hoy muestran limitaciones ante el aumento de flujos. Añadir millones de micro liquidaciones sin una arquitectura digital plenamente operativa es una apuesta arriesgada.
Para las empresas de transporte y los operadores logÃsticos, la clave estará en anticipar escenarios y revisar contratos con marketplaces y cargadores. La definición de responsabilidades en el despacho, en el adelanto de tasas y en la gestión de incidencias no puede dejarse para el momento en que los primeros paquetes queden retenidos.
La tasa de tres euros puede parecer menor en términos unitarios, pero aplicada a miles de millones de envÃos se convierte en un cambio sistémico. La cuestión no es solo cuánto se recauda, sino si el sistema aduanero y la cadena logÃstica están preparados para gestionarlo sin paralizar el flujo que, hasta ahora, ha sostenido el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.
Carlos Zubialde
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