El Ministerio de Transportes ha convertido la persecución de las falsas cooperativas en uno de los ejes principales de su Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2026, y los datos del año anterior dejan claro que no es retórica. En 2025 se inspeccionaron 27 cooperativas, lo que dio lugar a más de 1.200 expedientes sancionadores, con importes que llegaron a superar el millón de euros.
Para entender qué se persigue exactamente, conviene distinguir los dos modelos legales que existen en el sector. En las cooperativas de transportistas, cada socio debe contar con su propia autorización de transporte. En las cooperativas de trabajo asociado, es la cooperativa quien debe poseer esa autorización y mantener una relación societaria con los socios trabajadores. El problema surge cuando este segundo modelo se usa como cobertura para que conductores sin autorización facturen por su cuenta, a menudo mediante el régimen de módulos, actuando de facto como autónomos encubiertos.
Entre las acciones más visibles figura una campaña especial desarrollada en junio de 2025 en el entorno de Barcelona, en colaboración con la Guardia Civil. El resultado fue la sanción a 16 cooperativas por contratar con socios sin autorización, con multas que sumaron 552.276 euros, y a 276 socios por facturar sin la habilitación correspondiente, con un importe total de 1.104.276 euros.
Lo que hace relevante esta ofensiva inspectora no es solo la cuantía de las sanciones, sino lo que hay detrás: un modelo que distorsiona la competencia de forma sistemática. Una empresa que opera dentro de la legalidad asume costes que quien usa una falsa cooperativa sencillamente evita. Esa diferencia no es marginal, en un sector donde los márgenes ya son estrechos de por sí.
El Ministerio advierte además de que las prácticas fraudulentas pueden derivar no solo en infracciones en materia sociolaboral, sino también en situaciones de competencia desleal. Y en 2026 la vigilancia continúa, con especial atención a los anuncios que prometen trabajo sin autorización de transporte y la posibilidad de facturar por módulos, una señal de alerta que el propio Ministerio recomienda identificar antes de firmar nada.
Para las empresas que contratan servicios de transporte, este contexto tiene una implicación, porque la cadena de responsabilidad no termina en el transportista. Trabajar con operadores que no acreditan correctamente su situación administrativa puede acabar siendo un problema propio, no ajeno.
Carlos Zubialde
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