Esta mañana, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España se reúne con el ministro de Economía, Comercio y Empresa con un orden del día que tiene dos frentes abiertos. El primero, reclamar un nuevo paquete de medidas extraordinarias de apoyo al sector a partir del mes de julio. El segundo, tan urgente como el anterior, pedir explicaciones sobre las ayudas aprobadas en marzo mediante el Real Decreto-Ley 7/2026 que, meses después, siguen sin haber sido abonadas.
El telón de fondo que explica la convocatoria es conocido: la guerra de Irán y su impacto directo sobre los precios del crudo, que en estas fechas cotiza en el entorno de los 100 dólares por barril, un nivel que supone aproximadamente un 60% más que a principios de año. La estimación de los mercados no apunta a una corrección significativa en los próximos meses, lo que significa que las empresas de transporte por carretera afrontan una estructura de costes que ha cambiado de forma brusca y sin señales claras de reversión.
Las ayudas aprobadas en marzo nacieron con fecha de caducidad ya incorporada, ya que su vigencia se agota en las próximas semanas. Fenadismer entiende que prorrogar la protección no es una cuestión de voluntad política sino de necesidad operativa, porque la crisis que las motivó no solo no ha remitido sino que se ha intensificado. Por eso exigirá formalmente que el nuevo paquete de medidas esté operativo desde julio, sin solución de continuidad respecto al marco que expira.
Hay, sin embargo, un problema que complica el escenario inmediato: las ayudas de marzo todavía no han llegado a las empresas. El Gobierno ha estado pendiente del visto bueno de la Comisión Europea, cuya autorización previa era necesaria para su desembolso. Fenadismer pedirá hoy que se aclare el estado exacto de esas negociaciones con Bruselas, ya que la incertidumbre sobre cuándo y cómo se materializarán los fondos ya aprobados añade tensión financiera a un sector que opera con márgenes muy ajustados y un coste de combustible disparado.
La clave regulatoria para lo que viene está, en parte, ya resuelta. La Comisión Europea aprobó en abril un Marco Temporal de Ayudas que permite a los Estados miembros conceder apoyo a los sectores más afectados hasta diciembre de 2026, sin necesidad de solicitar una nueva autorización específica. Eso significa que, si el Gobierno decide aprobar un segundo paquete de medidas para el transporte a partir de julio, el paraguas europeo ya está disponible y no habría que repetir el proceso de notificación que ha demorado las ayudas de marzo.
Lo que el sector necesita saber hoy, al salir de esa reunión, es si el Gobierno activará ese mecanismo o si el transporte volverá a afrontar semanas de espera mientras la factura del gasoil sigue pasando.
Carlos Zubialde
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