Huevos, pan, frutas, productos cárnicos frescos o papel higiénico: esta es la lista de ausencias que han encontrado estos días los clientes de varios establecimientos Carrefour en Sevilla y Cádiz, con episodios similares detectados también en Córdoba y Málaga. No es un problema de demanda ni de desabastecimiento global: es el efecto directo de una huelga logística que lleva semanas activa en la provincia sevillana y que, hasta ahora, no ha encontrado salida.
El conflicto afecta a unos 6.000 trabajadores y cerca de 200 empresas, según las propias partes. Los polígonos industriales de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra concentran buena parte de las plataformas implicadas, entre ellas centros que dan servicio a cadenas de distribución de ámbito nacional, incluyendo abastecimiento a Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. Las entregas de Amazon en la zona también están afectadas. Cuando uno de esos nodos para, el impacto no se queda en Sevilla.
El origen está en la negociación del convenio colectivo de operadores logísticos. CCOO y UGT Andalucía denuncian pérdida de poder adquisitivo y una brecha salarial de entre el 25% y el 40% respecto a provincias como Málaga o Granada, según sus propias cifras. La patronal UNO Logística defiende que su propuesta, que incluye un incremento del 4% en 2026 y el 3% en 2027, es equilibrada. El problema es que las dos versiones de "equilibrado" no se han cruzado en ningún punto de la mesa.
Las primeras cinco jornadas de huelga, celebradas entre el 8 y el 12 de junio, no movieron el diálogo. Tampoco lo hicieron las dos jornadas del 18 y 19. El calendario de CCOO Sevilla contempla hasta doce jornadas de paro, con el bloque del 22 al 26 de junio pendiente de convocarse si no hay acuerdo previo.
La novedad llega del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el Sercla, que ha dado un paso poco habitual: elaborar su propia propuesta de mediación sin esperar a que las partes acerquen posiciones por sí solas. El texto plantea un convenio con vigencia hasta 2029, con subidas del 4% en 2026 y el 3% anual en los ejercicios siguientes, una cláusula de revisión ligada al IPC real y un plus de convenio consolidable que arrancaría en 60 euros mensuales en 2026 y llegaría a los 150 euros en 15 pagas en 2029. El lunes 22 de junio, a las 9:30 horas, sindicatos y patronal deberán pronunciarse formalmente sobre si aceptan o rechazan esta fórmula en la sede del organismo.
Lo que está en juego ese lunes no es solo el desenlace de una negociación laboral. Si el rechazo es mutuo o unilateral, el conflicto entra en su fase más larga y visible: una semana completa de paros que prolongará los problemas de reposición en los lineales y pondrá a prueba la capacidad de las grandes cadenas para buscar rutas alternativas de suministro. Para los operadores logísticos que no están directamente implicados en el conflicto, la situación ya ha generado demanda adicional, aunque absorberla no es sencillo en un mercado con disponibilidad ajustada.
Hay algo que este episodio pone sobre la mesa más allá del desenlace inmediato: la fragilidad estructural de los grandes nodos logísticos cuando el conflicto laboral se enquista. Una plataforma que abastece a varios territorios simultáneamente no tiene sustituto a corto plazo. Este lunes sabremos si el Sercla ha encontrado el margen que sindicatos y patronal no lograron crear por sí solos.
Carlos Zubialde
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