La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha mostrado su preocupación por la suspensión del plan de conservación y explotación de carreteras impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una inversión prevista de cerca de 1.000 millones de euros que ha quedado paralizada. La patronal reclama al Gobierno que encuentre una solución cuanto antes para desbloquear las actuaciones previstas, al considerar que el conflicto que ha generado esta suspensión no debería trasladarse a los usuarios de la vía.
Según explica CETM, las diferencias entre la Administración y las empresas del sector de conservación deben resolverse por los cauces correspondientes, pero insiste en que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, deberían verse perjudicados por un conflicto derivado del propio procedimiento de contratación. La organización enmarca la conservación de carreteras como una necesidad objetiva y urgente, y no como una cuestión meramente empresarial, al tratarse de una infraestructura esencial tanto para la seguridad vial como para el funcionamiento de la economía.
El impacto que denuncia la patronal sobre las empresas de transporte es directo y medible, porque el deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación de cualquier flota que utilice de forma intensiva la Red de Carreteras del Estado. CETM recuerda además que la carretera sigue siendo la principal vía de abastecimiento de ciudadanos, empresas e industrias, por lo que cualquier deficiencia en su funcionamiento termina repercutiendo sobre el conjunto de la cadena logística y, en última instancia, sobre la competitividad de la economía española.
La organización reclama que la conservación de infraestructuras se aborde como una auténtica política de Estado, con recursos suficientes para actuar antes de que el deterioro obligue a intervenciones más costosas, una lógica de mantenimiento preventivo frente a la reparación de urgencia que la patronal lleva años defendiendo sin que, según denuncia, se haya traducido todavía en una planificación estable de la red viaria.
Carmelo González, presidente de CETM, ha subrayado que las empresas de transporte no pueden asumir el sobrecoste de una red viaria deficientemente conservada, recordando que el sector ya soporta una carga fiscal de 21.000 millones de euros anuales y es usuario intensivo de las carreteras españolas. González ha reclamado al Ministerio que resuelva esta situación cuanto antes, advirtiendo de que cada mes de retraso en la conservación es un mes más en el que transportistas y ciudadanos siguen pagando las consecuencias de una red que no recibe el mantenimiento necesario.
Carlos Zubialde
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