Apenas cinco meses después de que el Congreso convalidara con una mayoría aplastante el decreto que obliga a repercutir automáticamente las subidas del gasóleo en los contratos de transporte, las patronales de cargadores ya están moviendo ficha para suavizarlo. La Asociación de Cargadores de España y el Spanish Shippers' Council han presentado esta semana sus propuestas de enmienda al proyecto de ley que tramita en el Congreso, aprovechando que el propio Ejecutivo dejó abierta esa puerta al convalidar el decreto como proyecto de ley susceptible de modificaciones.
Conviene recordar de dónde viene esta norma. El Gobierno la aprobó en abril tras meses de denuncias del sector del transporte por los retrasos y la falta de rigor con que algunos cargadores aplicaban las cláusulas de revisión de combustible, un mecanismo que hasta entonces dependía en gran medida de la buena fe y la capacidad de negociación de cada transportista frente a su cliente. El decreto blindó esa obligación con multas de hasta 18.000 euros para quien se negara a aplicarla, y fijó un cálculo que revisa el precio del transporte en cada periodo de facturación, según la variación semanal del gasóleo publicada por el Ministerio y un coeficiente que varía según el peso del vehículo.
Ahora, ACE y SSC piden que el proyecto de ley incorpore referencias más próximas al precio real del mercado, reserve los coeficientes reforzados para situaciones verdaderamente excepcionales y simplifique la revisión en los contratos continuados. Formalmente, ambas organizaciones dicen compartir la necesidad de proteger a las empresas transportistas frente a incrementos relevantes del gasóleo y garantizar la viabilidad de un sector esencial para la economía. En la práctica, lo que reclaman es reducir la frecuencia y la automaticidad con la que hoy tienen que pagar ese sobrecoste, justo el elemento que dio verdadera eficacia a la norma frente al sistema anterior, mucho más laxo y fácil de eludir.
El argumento que esgrimen los cargadores, que la metodología actual puede provocar diferencias entre el incremento real del combustible y la cantidad repercutida, resulta cuando menos llamativo viniendo de quien durante años se benefició precisamente de esas mismas imprecisiones, pero en sentido contrario, pagando menos de lo que el encarecimiento real del gasóleo justificaba. Que la revisión automática en cada periodo de facturación introduzca complejidad administrativa es cierto, pero también lo es que esa misma automaticidad es la que impide que la repercusión del combustible quede, como ocurría antes, a expensas de la voluntad de negociación de cada cargador con cada transportista, una asimetría de poder que el propio sector del transporte lleva denunciando desde hace años.
El momento elegido para esta ofensiva tampoco es casual. Llega justo cuando el gasóleo acumula una subida del 40,7% en lo que va de 2026 según los datos oficiales del Ministerio, cuando las ayudas al gasóleo profesional se mueven mes a mes entre los cinco y los veinte céntimos por litro sin que el sector logre una referencia estable, y cuando la propia patronal de gasolineras ya advierte de que el precio del combustible podría dar otro salto brusco si el Gobierno no prorroga sus bonificaciones fiscales más allá de septiembre. En ese contexto, pedir precisamente ahora que se reduzca la precisión y la frecuencia con la que se repercute el coste real del combustible al transportista suena menos a ajuste técnico razonable y más a intento de aprovechar la tramitación parlamentaria para recuperar terreno perdido frente a una ley que, hasta ahora, ha funcionado exactamente como se diseñó, obligando a pagar lo que realmente cuesta mover una mercancía por carretera.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
