La inflación de agosto se situó en el 4,3%, y parte del debate público ha señalado al transporte por carretera como uno de los responsables de esa subida. ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ha salido al paso de esa lectura con cifras que, según defiende, sitúan el impacto real del sector en los precios muy por debajo de lo que se le atribuye.

El argumento de fondo tiene que ver con el coste del gasóleo, que se ha encarecido un 43% desde el estallido del conflicto en Oriente Medio y que representa cerca del 40% de los costes de un transportista. Las empresas del sector han aplicado actualizaciones de tarifa cercanas al 20%, amparadas en el mecanismo de revisión que recoge la Ley 15/2009, la norma que regula cómo debe repercutirse la variación del combustible en los contratos de transporte.

Para ilustrar el alcance real de ese incremento, ASTIC recurre a un ejemplo concreto, el de un camión articulado que transporta 23.000 kilos de fresas por una tarifa original de 1.000 euros. El repunte del combustible eleva esa tarifa en 150 euros, un 15% más, lo que se traduce, repartido entre todo el cargamento, en poco más de medio céntimo adicional por kilo. La asociación describe la situación como un golpe muy fuerte para los márgenes de las empresas de transporte, pero con una incidencia en el precio final del producto que calcula inferior a un céntimo por kilo.

Junto a esa defensa técnica, ASTIC reclama certeza sobre la continuidad de las ayudas al gasóleo profesional más allá del 30 de septiembre, fecha en la que expiran las actuales. La asociación recuerda que esperaba una ayuda directa de 0,20 euros por litro y que finalmente ha recibido 0,05, una reducción que se explica porque el precio del diésel subió más de lo previsto y, según la fórmula de cálculo, redujo la cuantía necesaria. A esto se suma que, a fecha de septiembre, cuatro de cada cinco empresas todavía no habían cobrado las ayudas completas, y que el sector sigue pidiendo un plan específico de apoyo para el transporte internacional.

"La inseguridad jurídica en la que tienen que trabajar nuestras empresas es enorme", resume Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, en referencia al retraso y la incertidumbre sobre las ayudas.

La distancia entre medio céntimo por kilo y "buena parte de la inflación" retrata bien la posición del sector, que absorbe subidas de coste reales en sus márgenes sin que eso se traduzca en un impacto equivalente en el precio final, y que, aun así, sigue apareciendo como sospechoso habitual cuando toca explicar por qué suben los precios.

Carlos Zubialde

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