La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del pasado 5 de septiembre, que autoriza el uso de 16.000 metros cuadrados del dominio público portuario de Ceuta para instalar un campamento de acogida con capacidad para más de 1.000 migrantes llegados en los saltos masivos de finales de julio. El recurso, presentado el 15 de septiembre, alegaba falta de garantías de seguridad para los agentes destinados al recinto, pero los magistrados consideraron que esos argumentos no justificaban paralizar de forma inmediata una medida que el propio ministerio había calificado como temporal.
Tras conocerse la decisión judicial, UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, ha reclamado que se preserve la plena actividad logística del puerto y que la instalación no comprometa su funcionamiento como infraestructura de abastecimiento para la ciudad autónoma. "Aunque se trate de una solución temporal, el puerto tiene una función estratégica que no puede verse comprometida. Una infraestructura portuaria es un enclave imprescindible para el abastecimiento y el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro", ha señalado el presidente de UNO, Francisco Aranda.
La patronal recuerda que el Puerto de Ceuta ocupa una posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar, uno de los principales corredores marítimos entre Europa y África, y considera prioritario que transportistas, operadores y empresas puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad y seguridad mientras dure la ocupación del recinto.
"La emergencia migratoria requiere respuestas, pero no a costa de ocupar una infraestructura esencial. Hay que buscar alternativas de acogida fuera del recinto portuario y garantizar que el puerto pueda seguir funcionando a pleno rendimiento y con todas las garantías", ha reclamado Aranda.
UNO traslada además su preocupación por las condiciones de seguridad de los transportistas que operan en el puerto, ante el riesgo de accesos indebidos a los vehículos durante las operaciones de carga y descarga, y reclama reforzar la vigilancia en las zonas de tránsito y actividad logística para proteger tanto a los conductores como a las mercancías.
"Garantizar la normalidad del puerto es también garantizar la actividad económica de Ceuta. Confiamos en que la responsabilidad institucional permita afrontar desde ya esta situación con la visión de Estado que requiere", ha concluido Aranda.
Carlos Zubialde
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