Correos, que sigue siendo la principal empresa de paquetería de España y es de titularidad pública, ha trasladado a su plantilla una instrucción sobre las declaraciones a los medios y las manifestaciones durante el trabajo. CCOO ha pedido por escrito a su presidente, Pedro Saura, que la aclare y la delimite. Según el sindicato, los mandos de oficinas y unidades de reparto la han comunicado en reuniones en centros de toda España, con actas, y en algunos modelos que ha visto hay un espacio para que cada trabajador anote sus datos y firme.
El texto establece que nadie en la plantilla está autorizado, sin permiso expreso, a facilitar información, hacer declaraciones o efectuar manifestaciones en nombre de la empresa ante los medios. También pide evitar durante el trabajo opiniones personales, posiciones políticas o cualquier manifestación que pueda interpretarse como una posición de la compañía.
Que la instrucción afecte a una empresa pública pesa en su lectura, porque quien la firma trabaja para un operador con función de servicio público y con un lugar propio en el sector paquetero. CCOO admite que corresponde a Correos decidir quién la representa ante la prensa. Su objeción está en la redacción, porque expresiones como «facilitar información» o «cualquier otro tipo de manifestación» pueden alcanzar, a su juicio, mucho más que la portavocía. El sindicato defiende que una cosa es hablar en nombre de Correos y otra hablar sobre Correos, y que la plantilla conserva, dentro de los límites legales, su libertad para opinar, denunciar sus condiciones de trabajo y hacer públicos los problemas del servicio. Sus representantes, añade, tienen reconocido por ley el derecho a expresarse sobre las materias propias de su representación.
El momento también cuenta porque la instrucción llega en plena precampaña, cuando Correos ha vuelto a los titulares por el voto por correo. CCOO recuerda que la plantilla lleva casi cincuenta años garantizando ese voto con imparcialidad, con gobiernos de distinto signo, y asegura que lo defendió esta misma semana frente a quienes intentaron ponerla bajo sospecha. Para el sindicato, la neutralidad no requiere un acta firmada.
El sindicato contrapone la rapidez con que se han recogido las firmas al cumplimiento de la agenda laboral que, sostiene, la dirección firmó: reforzar plantillas, cubrir bajas, vacaciones y ausencias, acabar con las sobrecargas, aplicar el plan de prejubilaciones y la oferta de empleo, reducir la temporalidad, pasar a tiempo completo los puestos a tiempo parcial y desarrollar las 35 horas.
A Saura le reclama que explique quién ha ordenado la instrucción, por qué se despliega ahora, qué alcance tiene y qué valor atribuye a las firmas. Pide además que la rectifique y la delimite por escrito, y que garantice que no se usará para restringir la libertad de expresión ni la actividad sindical, ni para fundamentar expedientes, advertencias o sanciones. Según CCOO, ninguna firma en esas actas supone aceptar una limitación de derechos fundamentales ni renunciar a ellos.
«El problema de Correos, señor Saura, no es que sus trabajadores/as hablen. El problema es el ajuste de derechos y empleo que están soportando y el incumplimiento vergonzante de la agenda laboral comprometida», ha indicado el sindicato. La versión de Correos sobre el alcance de la instrucción no consta por ahora.
Carlos Zubialde
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