Pocos sectores notan tan rápido una subida del IPC como el transporte por carretera. Su estructura de costes depende de partidas que se encarecen a la vez, y lo hace sobre unos márgenes que históricamente han sido muy estrechos y que, en muchas empresas, ya estaban por debajo de lo que cuesta prestar el servicio.
El primer golpe llega por el gasóleo, ecuación sencilla porque el combustible es el principal gasto de cualquier transportista y el diésel lleva meses subiendo, de modo que las empresas se han visto obligadas a aplicar la fórmula de indexación en las facturas de sus servicios, una herramienta que la normativa vigente ya les reconoce.
El segundo está en el taller: la inflación encarece las reparaciones, el mantenimiento, los neumáticos y el resto de componentes, y también el precio de los propios camiones, con lo que mantener una flota en condiciones cuesta cada mes más, incluso sin que aumente la actividad.
El tercero pasa por los propios conductores, y que con los precios en alza, el poder adquisitivo de los profesionales del volante se erosiona, y en un momento de escasez grave de conductores esa pérdida puede convertirse en una presión salarial difícil de ignorar. Cualquier subida de sueldos acaba, a su vez, en los costes laborales de la empresa.
Y el cuarto frente queda fuera del control del transportista, como lo es el IPC. Cuando este sube de forma notable, como ocurre ahora, el consumo se resiente, porque ciudadanos y empresas compran menos, y una menor demanda se traduce tarde o temprano en menos mercancía que mover. La caída de actividad es el riesgo que cierra el círculo.
En medio de este cuadro, la presión tiene también una derivada estratégica, porque las exigencias de digitalización del sector y la transición energética que impulsan las administraciones, con un calendario que muchos transportistas consideran acelerado y alejado de la realidad de sus operaciones, llegan a las empresas en el peor momento de sus cuentas. Hay quien ve en esta coyuntura la ocasión de avanzar en ambos terrenos, aunque hacerlo con los márgenes ajustados exige una planificación que no todas las compañías pueden permitirse.
La salida práctica pasa por aplicar las herramientas que ya existen, como la de actualizar las tarifas y aplicar la indexación del precio del combustible en cada factura; permite repercutir el aumento de costes a quien contrata el servicio, y esa repercusión es la que protege los márgenes y, con ellos, la continuidad de la empresa.
Carlos Zubialde
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