Los clientes de las empresas de transporte por carretera pagaron en septiembre a una media de 47 días, cinco menos que en agosto y la cifra más baja desde que existe el Observatorio de la morosidad que elaboran Fenadismer y la Fundación Quijote para el Transporte. En lo que va de 2026, ningún mes ha superado los 60 días de media, el límite legal máximo de pago.
La comparación con años anteriores deja clara la magnitud del cambio: en el 2021 el plazo medio era de 83 días. En 2025 bajó a 59, y ahora está en 47, de modo que en cinco años el transportista ha ganado más de un mes de tesorería en cada factura, algo que para una pyme que adelanta el gasóleo, los peajes y las nóminas pesa casi tanto como la tarifa que cobra.
La mejora no significa que el problema haya desaparecido. En septiembre, el 34% de los clientes, entre cargadores e intermediarios, pagó fuera de plazo. La mayoría de esos retrasos fueron leves, porque el 80% de los incumplidores pagó entre 60 y 90 días, pero un 4% tardó más de 120 días en abonar sus facturas, y es en ese grupo donde la morosidad sigue poniendo en riesgo a los transportistas más pequeños.
La transferencia es el medio de pago dominante, con el 76% de las operaciones, seguida del confirming, con el 19%, y del pagaré, con el 5%. El cheque ya no llega al 1%, demostrativo de que es un medio de pago que está desapareciendo no solo en el transporte, sino en el día a día empresarial actual.
Fenadismer atribuye la reducción de los plazos sobre todo a la labor inspectora de las administraciones de transporte, estatal y autonómicas, desde que se aprobó el régimen sancionador contra la morosidad a finales de 2021. En el primer semestre de este año, el Ministerio de Transportes publicó 101 sanciones a cargadores e intermediarios por pagar fuera de plazo. Hace tres años se imponían cuatro veces más, según la federación, lo que apunta a que la amenaza de sanción ha cambiado la conducta de muchos clientes y hoy hay menos incumplidores que perseguir.
El dato llega en un momento en que la tesorería de las empresas de transporte está especialmente tensionada por el precio del gasóleo, y en el que las asociaciones del sector siguen reclamando que se aplique la cláusula de revisión del combustible. Cobrar antes no compensa un precio que no cubre costes, pero da al transportista algo de aire. Lo que falta por ver es si la inspección mantiene la presión sobre ese 34% que todavía paga tarde, y sobre todo sobre los que llegan a los cuatro meses.
Carlos Zubialde
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