Óscar Puente dimitió como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible la noche del 3 de noviembre, después de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso por los dos accidentes ferroviarios más graves de su mandato. El de Urda (Toledo), del pasado 28 de octubre, causó 69 muertos, y el de Adamuz (Córdoba), en enero, otros 46. Puente asumió la responsabilidad política al considerar que no podía seguir en el cargo tras dos siniestros de esa gravedad en menos de un año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó la decisión y anunció que Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, se hará cargo del departamento de forma transitoria hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.
El relevo convierte a Cuerpo en el cuarto responsable de Transportes desde 2018, detrás de José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y el propio Puente, que estuvo casi tres años al frente. Sánchez aseguró que el nuevo titular dará continuidad a las reformas iniciadas por su antecesor, pero por ahora no se sabe si Cuerpo mantendrá la estructura del ministerio ni si habrá cambios en la cúpula de organismos como Adif y Renfe, que están en el centro de las críticas tras los dos accidentes.
Para entender el margen real del ministro interino hay que mirar el calendario institucional. Con las Cortes disueltas y la Diputación Permanente como único órgano parlamentario en funcionamiento, no se puede tramitar ningún proyecto de ley, y las iniciativas legislativas que no hayan terminado su recorrido decaen con la disolución y tendrán que presentarse de nuevo en la próxima legislatura. Después del 29 de noviembre el Gobierno pasará a estar en funciones, una situación en la que la ley limita su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos y deja fuera, salvo urgencia justificada, las decisiones que comprometan al Ejecutivo siguiente.
El ministerio funcionará, por tanto, en modo de mantenimiento durante varias semanas y quizá meses si la formación del nuevo gobierno se alarga. Lo que dependa de un nuevo impulso político, desde la negociación con el sector hasta las normas que todavía están en fase de borrador, tendrá que esperar. La gestión diaria, en cambio, seguirá adelante a través de la estructura administrativa, con la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, las inspecciones y los procedimientos ya iniciados.
La prioridad del ministro interino será casi con toda seguridad la ferroviaria, y el transporte de mercancías por carretera no pasará a primer plano por mucho que tenga asuntos abiertos con la Administración. Es razonable pensar que la crisis abierta por los dos accidentes acapare la atención del departamento hasta las elecciones y que lo haga también el debate político que vendrá después, en el que la seguridad del ferrocarril ocupará un lugar central.
Las empresas y asociaciones del transporte que tengan expedientes o negociaciones pendientes con el ministerio deberían saber qué asuntos están en manos de los técnicos y avanzarán sin necesidad de una firma política, y cuáles dependen de que haya un ministro con legislatura por delante. Esa distinción les permite fijar sus expectativas para los próximos meses y preparar su posición ante el gobierno que salga de las urnas, que tendrá que retomar la agenda de transporte desde un ferrocarril en entredicho y una lista de asuntos que acumulará meses de retraso.
Carlos Zubialde
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