Brelet Transport, empresa de transporte por carretera y logística con sede en Saint-Julien-de-Concelles, a apenas 18 kilómetros de Nantes, ha entrado en concurso de acreedores tras ser admitida a trámite su insolvencia por el Tribunal Mercantil de Poitiers. La compañía, que había sido rescatada en 2021 por el Grupo Hautier, especialista en transporte y logística de la región de La Rochelle, no ha conseguido frenar una pérdida sostenida de ingresos, y sus 194 trabajadores quedan ahora a la espera de que algún fondo de inversión asuma el reflote del negocio antes de que se ordene la liquidación patrimonial.
El caso de Brelet no es un episodio aislado, sino uno más dentro de una ola de insolvencias que atraviesa el transporte por carretera francés desde hace más de un año. Solo en el primer trimestre de 2026, 569 empresas dedicadas a recorridos de media y larga distancia entraron en procesos judiciales de concurso de acreedores, una cifra que se suma a las más de 3.000 empresas de transporte que, según la consultora Altares, ya arrastraban problemas de insolvencia a lo largo de 2025. Entre las víctimas más visibles de esta crisis figuran nombres de peso como Ziegler France, con 1.500 empleados afectados tras su liquidación en marzo, su filial belga Ziegler Belgium, que solicitó la quiebra en junio, y STH, que ya pasó por procesos judiciales similares meses antes.
La raíz del problema combina varios factores que se han ido acumulando sin dar tregua al sector. El sindicato TLF, que representa a casi un tercio de los empleados del transporte y la logística francesa, viene alertando desde hace meses de que las empresas del sector operan con un margen medio de apenas entre el 2% y el 3%, de los más bajos de toda la economía francesa, una estrechez que deja a cualquier operador sin colchón financiero suficiente para absorber un shock de costes. Las quiebras trimestrales del sector han aumentado un 7% en un año y un 55% en dos, según los datos de L'Officiel des Transporteurs, un ritmo que ni siquiera respeta el ciclo estacional habitual, en el que las insolvencias suelen reducirse en primavera.
A esa fragilidad estructural se ha sumado en los últimos meses un shock de costes energéticos que ha golpeado con especial dureza a las pymes y autónomos del sector, con el precio del gasóleo llegando a rozar los 2,40 euros por litro en algunos momentos de la crisis en Oriente Medio, muy por encima de los niveles habituales del mercado francés. El Gobierno ha respondido con reembolsos parciales del impuesto energético y préstamos de emergencia de entre 5.000 y 50.000 euros para pequeñas empresas, pero las organizaciones del sector, FNTR y OTRE entre ellas, han denunciado que esas medidas llegan tarde y sin el calendario concreto que la urgencia de la situación exigía. Las protestas bajo el lema "Bloquons Tout", que arrancaron en septiembre de 2025 con bloqueos de refinerías y ralentizaciones de tráfico en los accesos a París, siguen siendo el termómetro más visible de ese malestar.
El efecto colateral de esta ola de quiebras va más allá de las empresas que desaparecen, porque cuando un operador de cierto tamaño cae, arrastra consigo a subcontratistas que en muchos casos se quedan sin cobrar semanas de trabajo antes incluso de que se abra el procedimiento judicial, como ya ocurrió con la propia Ziegler France. Ese patrón reduce la capacidad de transporte disponible en el mercado francés más de lo que sugiere la simple suma de flotas desaparecidas, y explica por qué las tarifas de transporte contratado en Francia y en el resto de Europa siguen sin volver a los niveles previos a esta crisis, incluso cuando el precio del combustible ha empezado a moderarse.
Carlos Zubialde
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