El incremento del precio del combustible ha tensionado al transporte hasta un punto límite en apenas semanas, con asociaciones advirtiendo de paros y una presión creciente sobre toda la cadena logística, tres semanas después de ese inicio abrupto de la crisis, la patronal del sector petrolero ha decidido fijar posición saliendo a la arena pública.
Lo hace con un argumento claro: no hay irregularidades en sus prácticas ni en la subida de los precios del combustible. La Asociación de la Industria del Combustible se apoya en los informes de la CNMC para defender que no se han detectado anomalías en la evolución de los precios en las estaciones de servicio, insistiendo en que el comportamiento del mercado responde a variables conocidas y monitorizadas.
La explicación técnica se centra en la evolución de los productos refinados en los mercados internacionales, más que en el precio del crudo en sí. Según la patronal, el gasóleo y la gasolina siguen las cotizaciones internacionales con los ajustes propios de la cadena logística, desde la reposición hasta la gestión de inventarios. Desde ese punto de vista, para la patronal su mensaje es plenamente coherente: los precios suben porque el mercado sube.
Sin embargo, el debate que se ha instalado en el sector del transporte no gira únicamente en torno a la legalidad del proceso, sino a sus efectos. Y ahí es donde el discurso de la patronal evita entrar. Que no existan anomalías regulatorias no resuelve el problema operativo que están afrontando miles de empresas que no pueden absorber ni trasladar el incremento del combustible.
El desfase entre ambos planos es evidente, no solo para el sector del transporte, sino también para todos los consumidores. Mientras el sector energético defiende que el sistema funciona correctamente desde el punto de vista normativo, el transporte se enfrenta a una situación en la que ese mismo sistema genera pérdidas directas en la operativa diaria. No hay contradicción técnica, pero sí una desconexión práctica.
Además, el argumento de los impuestos, que representan una parte relevante del precio final, vuelve a aparecer como elemento explicativo. Pero, de nuevo, el impacto real no está en la composición del precio, sino en la velocidad y en la capacidad de adaptación de quienes dependen de él para operar.
La intervención de la patronal llega en un momento en el que el foco ya no está en entender por qué suben los precios, sino en cómo se gestiona ese impacto dentro de la cadena logística. Y ahí, el mensaje resulta insuficiente para quienes están viendo cómo cada servicio realizado reduce su margen o directamente genera pérdidas. El sector del combustible ha optado por responder desde la legalidad y la transparencia del mercado, pero el transporte está planteando un problema distinto, más vinculado a la sostenibilidad económica de su actividad en un contexto de volatilidad extrema.
Cuando ambas lecturas conviven sin encontrarse, el riesgo no está en el origen del problema, sino en su evolución. Porque una cosa es que el sistema funcione según lo previsto, y otra muy distinta es que quienes dependen de él puedan seguir operando en esas condiciones.
Carlos Zubialde
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