Duele ver con qué prontitud nos terminamos acostumbrando a las "nuevas situaciones". Hace apenas un par de años, un precio del gasóleo como el actual habría bastado para colapsar accesos a polígonos industriales con cientos de transportistas cabreados, para llenar las portadas de la prensa económica y para que el Ministerio de Transportes convocara mesas de urgencia con las patronales del sector. Hoy, con el combustible rozando de nuevo máximos, el ruido, simplemente, no existe. Y ese silencio, más que tranquilidad (para los políticos), empieza a parecer resignación.
Lo llamativo del momento actual no es solo que el precio suba, es que sube incluso con las ayudas y bonificaciones de hasta 20 céntimos por litro que el Gobierno ha ido aprobando en sucesivas oleadas desde que estalló la crisis en Oriente Medio. Pese a ese colchón fiscal, el precio en el surtidor sigue situándose por encima de muchos de los niveles que ya nos parecían intolerables en 2023, cuando la palabra huelga sonaba con fuerza cada vez que el barril de crudo se movía un par de dólares. Hoy, con niveles similares o superiores, el sector encaja el golpe con una normalidad que hace tres años hubiera resultado impensable.
Hemos normalizado, no solo sectorialmente, sino incluso como sociedad, que el precio del combustible esté a 2 euros como algo ya habitual en nuestro día a día.
Esa normalización tiene una explicación técnica en teoría, tales como los mecanismos de repercusión de costes más consolidados, las cláusulas de revisión de combustible que ya forman parte habitual de los contratos, y un Gobierno que, a base de decretos sucesivos, ha ido tejiendo una red de ayudas que amortigua parte del golpe antes de que llegue al transportista final. Pero esa es una explicación técnica, que no es lo mismo que una solución de fondo. El dinero que compensa el sobrecoste del combustible sale de algún sitio, y ese sitio suele ser el propio Presupuesto General del Estado, financiado en última instancia por el conjunto de los contribuyentes, por todos nosotros, incluidos quienes ni siquiera se benefician directamente de esas ayudas.
La pregunta incómoda que nos tenemos que hacer a estas alturas no es cuánto ha subido el gasóleo, sino qué hemos dejado de exigir mientras nos acostumbrábamos a que suba, hasta normalizar el pago de 2€ por litro de combustible. Cuando una anomalía se repite lo suficiente, deja de tratarse como anomalía y empieza a integrarse en el día a día, como algo ya normalizado, y eso es lo que está sucediendo en cualquier empresa de transporte, y esto no es normal. Repercutir con la cláusula de combustible es la trampa silenciosa que no elimina el coste, simplemente lo reparte de forma menos visible entre quienes acaban asumiéndolo, que somos nosotros mismos, sea con los impuestos (las ayudas del Gobierno), sea como consumidor final.
La cuestión de fondo no es si el sector del transporte ha aprendido a adaptarse mejor a la volatilidad energética que hace tres años, algo que en parte es cierto. La verdadera cuestión es si esa capacidad de adaptación se ha convertido en la excusa perfecta para dejar de exigir una solución estructural al problema, esa que llevamos años posponiendo bajo la promesa de una próxima ayuda, un próximo decreto, una próxima prórroga.
Adaptarse a lo inevitable es sensato, pero resignarse a lo evitable, no tanto.
Carlos Zubialde
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