El Consejo General de los Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) ha llevado formalmente al departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria su preocupación por el régimen aplicable a Gibraltar tras el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, y no es el primero en hacerlo. Transitarios y el propio puerto de Algeciras ya habían expresado sus reservas en semanas anteriores. Que tres actores distintos de la cadena de comercio exterior hayan levantado la misma alerta en un período tan corto no es casualidad, es una señal de que algo no encaja en la arquitectura del acuerdo.
El foco más inmediato está en la exigencia de garantías en las operaciones de tránsito vinculadas a Gibraltar. El CGAA advierte que trasladar a los representantes aduaneros la obligación de constituir esas garantías, para cubrir posibles deudas derivadas de esas operaciones, no tiene encaje jurídico, es desproporcionada y, en la práctica, resulta inviable. La posición del colectivo es clara: la responsabilidad en los tránsitos debe recaer en el exportador o declarante, no en quien actúa como intermediario técnico. Si este criterio no se corrige, el impacto sobre la fluidez de los intercambios comerciales que pasan por la zona podría ser relevante.
Hay un segundo frente, menos vinculado a Gibraltar pero igualmente significativo: los certificados de caución, esa garantía financiera que los agentes deben mantener ante la aduana para asegurar el pago de aranceles e IVA. Una instrucción reciente exige justificar anualmente la vigencia de esos certificados, lo que ha generado un problema práctico inmediato, las entidades aseguradoras no emiten un nuevo certificado si el anterior no ha sido devuelto, porque hacerlo implicaría duplicar el riesgo asumido. El resultado: un operador puede quedarse sin garantía vigente sin que haya ningún motivo real para ello. La Agencia Tributaria parece receptiva a la solución propuesta, que pasa por aceptar un escrito de la aseguradora confirmando la vigencia de la póliza y el pago de la prima, sin necesidad de emitir un nuevo documento. Es una solución de sentido común, pero que no debería haber requerido una reunión para llegar a ella.
La reunión también destapó otras fricciones operativas: incompatibilidades entre sistemas informáticos en Canarias que bloquean despachos concretos, errores en el Régimen de Perfeccionamiento Activo que provocan cancelaciones totales cuando solo deberían ser parciales, y criterios dispares entre aduanas sobre asuntos que deberían estar unificados. Son problemas que, individualmente, pueden parecer menores, pero que acumulados describen un entorno donde la carga administrativa no baja, sino que se redistribuye hacia quienes menos capacidad tienen para absorberla.
Lo que subyace en todo esto es una cuestión estructural: los acuerdos políticos se negocian con una lógica que no siempre coincide con la lógica operativa del comercio. El acuerdo sobre Gibraltar puede tener sentido en términos diplomáticos, pero si su traslación práctica genera bloqueos reales en el flujo de mercancías, el coste lo acaban pagando las empresas, y especialmente las que no tienen margen para absorber incertidumbre jurídica. La pregunta relevante ahora es si la Agencia Tributaria responderá con la misma rapidez a los problemas estructurales que a los menores.
Carlos Zubialde
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