El arancel de tres euros que la Unión Europea aplica desde el pasado 1 de julio a los paquetes extracomunitarios de menos de 150 euros nació como medida provisional, vigente solo hasta que el nuevo sistema aduanero común entre en funcionamiento en 2028. Aunque Bruselas la presentó formalmente como respuesta a las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos y Reino Unido, la propia estructura del gravamen revela su verdadero objetivo, porque solo se cobra sobre productos comprados directamente por el consumidor a través de internet, un diseño que apunta con claridad hacia plataformas como Temu, Shein o AliExpress.
El volumen que justifica esta preocupación es difícil de ignorar. El año pasado entraron en la Unión Europea envíos por valor de 5.900 millones de euros bajo el umbral de los 150 euros, en torno a 16 millones de paquetes diarios, que representaron el 97% del total de envíos gestionados por las aduanas comunitarias pese a suponer apenas el 2% del valor total de las importaciones. Esa desproporción entre volumen y valor convierte en materialmente inviable cualquier control aduanero exhaustivo bajo el modelo actual, un problema que va mucho más allá de lo puramente recaudatorio.
El riesgo para el consumidor final es, de hecho, el argumento con más peso detrás de esta preocupación. Según datos oficiales de la Comisión Europea, el 65% de los productos cosméticos que llegan a través de este canal no cumple la normativa comunitaria, una cifra que se repite en proporciones muy similares para suplementos alimenticios, juguetes y pequeños productos electrónicos, artículos que en muchos casos terminan en manos de menores o en contacto directo con la piel sin haber pasado ningún filtro real de seguridad. Anged, la patronal que agrupa a El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, ha pedido a las autoridades europeas que aprovechen estos dos años de redacción del nuevo marco aduanero para cubrir todos los flancos de riesgo, tanto comerciales como sanitarios, antes de que el sistema definitivo entre en vigor.
Para España, la preocupación se duplica por un problema puramente doméstico. Bruselas designó hace más de un año a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como responsable de vigilar la correcta aplicación de esta normativa en territorio español, pero la CNMC lleva reclamando medios para ejercer esa función sin que el Ejecutivo haya atendido la petición. La norma que debería dotarla de esas herramientas permanece bloqueada en el limbo parlamentario, atrapada en la misma falta de mayorías que afecta a otras muchas leyes pendientes en el Congreso.
El resultado es una brecha temporal que se suma a la ya prevista por Bruselas, porque mientras Europa se toma dos años para diseñar el sistema aduanero definitivo, España corre el riesgo de pasar ese mismo periodo sin un regulador nacional plenamente operativo para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. Para el sector logístico y de transporte, que gestiona físicamente ese aluvión diario de paquetes de bajo valor a través de aeropuertos, aduanas y redes de última milla, esta parálisis regulatoria no es un debate abstracto, es la diferencia entre operar bajo un marco de control real o seguir moviendo millones de envíos diarios sobre un sistema que, según reconoce la propia Comisión Europea, ya ha dejado de ser capaz de garantizar lo mínimo exigible en materia de seguridad del consumidor.
Carlos Zubialde
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