Los transportistas siguen sin recibir la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional que bonifica los suministros desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio, pese a que la Comisión Europea dio su autorización hace ya casi dos semanas. Tanto el Comité Nacional del Transporte por Carretera como el departamento de Mercancías de esta misma organización han elevado el tono de la denuncia, hablando de "honda preocupación y malestar" por un retraso que consideran ya inadmisible.
El recorrido administrativo de esta ayuda explica por qué el sector reacciona con esta dureza. El Gobierno aprobó las ayudas en marzo, mediante el Real Decreto-ley 7/2026, tanto la bonificación del gasóleo profesional como las ayudas directas por vehículo para quienes no están acogidos a ese mecanismo, pero al tratarse de subvenciones dirigidas a un sector concreto, necesitaban el visto bueno de Bruselas antes de poder ejecutarse. Ese permiso llegó el 30 de junio, y diez días después el Ministerio de Hacienda publicó la orden que adapta las condiciones a las exigencias comunitarias. Con el principal obstáculo ya despejado, el Comité no encuentra explicación a que el dinero siga sin llegar a las empresas.
El argumento que más pesa en la denuncia del sector tiene que ver con el propósito original de esta ayuda, ya que se diseñó específicamente para paliar una crisis de liquidez inmediata provocada por el encarecimiento de los carburantes, no como una subvención estructural que pueda esperar sin urgencia. El Comité insiste en que cada semana de retraso agrava la situación financiera de miles de autónomos y pequeñas empresas que ya operan con márgenes muy ajustados, y que llevan meses financiando de su propio bolsillo un sobrecoste que la propia Administración reconoció como excepcional cuando aprobó la medida.
El malestar del sector se agrava además porque estas ayudas nacieron ligadas a la escalada del precio del petróleo derivada de la guerra entre Israel e Irán, un episodio que ya ha empezado a perder intensidad en el mercado del crudo, mientras la ayuda pensada para compensar ese shock energético sigue atascada en trámites internos de la Administración española. Para el Comité, retrasar la ejecución una vez obtenido el aval europeo equivale a vaciar de contenido el propósito original de la medida, sostener la actividad de un sector que la propia norma calificó como esencial para el abastecimiento del país.
La reclamación del Comité no se limita a pedir explicaciones, exige que el Gobierno acelere de forma inmediata los trámites pendientes para hacer efectivo el abono, subrayando que el sector no puede seguir instalado en la incertidumbre sobre plazos y procedimientos mientras sostiene unos costes de explotación que, según denuncia, no dan tregua en ningún momento del calendario.
Carlos Zubialde
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