Los transportistas franceses agrupados en OTRE, la organización confederada de Fenadismer en Francia, han suspendido las movilizaciones que tenían previstas para el 21 y el 22 de octubre en París después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno francés. La organización había iniciado las protestas la semana anterior por la crisis energética y la falta de respuesta del Ejecutivo ante la escalada del gasóleo, y advierte de que las retomará si los compromisos no se publican de inmediato.
La medida con efecto más inmediato llega por el lado del combustible. El Gobierno liberará reservas estratégicas de gasóleo, lo que según el acuerdo permitirá una rebaja estimada de 18 céntimos por litro a partir del 1 de noviembre. El suministro bonificado se aplicará tanto en las estaciones de servicio como en las entregas directas a los depósitos de los propios transportistas, un detalle relevante para las empresas con instalaciones de repostaje propias, que concentran una parte importante del consumo de las flotas medianas y grandes.
El acuerdo incluye además el pago de las ayudas pendientes. La segunda convocatoria, correspondiente a mayo, se abonará íntegramente a finales de octubre, y la tercera, que cubre de junio a agosto, a finales de noviembre. Para muchas empresas, ese calendario de cobro pesa tanto como la rebaja en el surtidor, porque llevan meses adelantando el sobrecoste del combustible con su propia tesorería.
El tercer bloque es legislativo y tiene más recorrido. El Gobierno presentará a los parlamentarios antes de que acabe octubre un texto que reformará el mecanismo de indexación del combustible en el transporte de mercancías por carretera, para que refleje los costes reales, y extenderá la indexación obligatoria al transporte de viajeros. El mismo texto introducirá sanciones administrativas contra los precios abusivamente bajos y contra el incumplimiento de la indexación, de modo que dejarán de depender de la vía judicial y podrán imponerse de forma inmediata.
Fenadismer ha respaldado el resultado obtenido por OTRE y señala que muchas de las medidas acordadas en Francia ya están implantadas en España, donde la cláusula de revisión del precio del combustible es obligatoria en los contratos de transporte. La diferencia está en su aplicación, porque la propia federación abrió la semana pasada un canal de denuncias contra los cargadores que no trasladan la subida del gasóleo a sus transportistas, una prueba de que la obligación legal no siempre se cumple en la práctica.
OTRE hará un seguimiento antes de que termine octubre para comprobar que los textos legales, las circulares y las transferencias se publican de forma efectiva, y reactivará sus comités si detecta incumplimientos. Con un mercado del gasóleo que la Agencia Internacional de la Energía no ve equilibrado antes de la segunda mitad de 2027, la rebaja francesa ganará tiempo a las empresas, aunque la pieza que puede cambiar su cuenta de resultados es la indexación con sanciones inmediatas, porque obliga a que sea el cargador quien asuma la parte del precio del combustible que hoy siguen absorbiendo los transportistas.
Carlos Zubialde
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