La implantación del nuevo límite de masa máxima autorizada de 44 toneladas para los vehículos articulados continúa generando ajustes en el sector del transporte por carretera. Tras varios meses de aplicación práctica de la normativa, el Ministerio de Industria trabaja junto a las comunidades autónomas en la habilitación de un periodo excepcional durante 2026 que permita agilizar y simplificar la homologación de los vehículos que se adapten a este nuevo tonelaje, y es que las cosas no se han hecho de forma totalmente diligente como se presumía.
La iniciativa surge como respuesta directa a las dificultades detectadas en las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) desde la entrada en vigor de la normativa, aprobada mediante orden ministerial el pasado mes de julio del 2025. El sector ha trasladado reiteradamente la existencia de procedimientos complejos, criterios dispares y exigencias adicionales que están ralentizando la puesta en servicio de vehículos que, en muchos casos, cumplen ya con los requisitos técnicos establecidos a nivel estatal.
Según ha informado la Fenadismer, el planteamiento del Ministerio pasa por habilitar un plazo extraordinario en el que la adaptación al nuevo tonelaje pueda realizarse mediante una simple anotación en la ficha técnica del vehículo. Este enfoque evitaría que el proceso tenga que tramitarse como una reforma de importancia, un procedimiento que conlleva mayores costes económicos, más carga administrativa y plazos sensiblemente más largos para las empresas de transporte.
La simplificación del trámite supondría un alivio para el sector, especialmente para aquellas flotas que operan con vehículos articulados y necesitan adaptar un volumen elevado de unidades. En la práctica, muchas estaciones de ITV están solicitando actualmente documentación adicional o imponiendo requisitos que no siempre responden a criterios técnicos homogéneos, lo que incrementa la incertidumbre y dificulta la planificación operativa de los transportistas.
Uno de los principales problemas detectados en la aplicación de la normativa es la falta de uniformidad entre territorios. Las diferencias de interpretación entre comunidades autónomas e incluso entre estaciones de ITV dentro de una misma región están generando situaciones de inseguridad jurídica. Aspectos como las distancias entre ejes, los pesos mínimos exigidos por eje o la documentación técnica requerida se están evaluando de forma distinta, provocando retrasos injustificados en la homologación de vehículos que, desde un punto de vista normativo, deberían poder operar sin restricciones adicionales.
Este contexto ha llevado al Ministerio de Industria a abordar un segundo eje de actuación complementario al periodo excepcional. Se trata de la elaboración de una guía técnica en formato de preguntas frecuentes que recoja de manera detallada los criterios y procedimientos que deberán aplicar las estaciones de ITV en todo el territorio nacional. El objetivo es establecer un marco homogéneo que evite interpretaciones divergentes y garantice una aplicación coherente de la normativa sobre los nuevos tonelajes permitidos.
La publicación de esta guía, prevista para las próximas semanas, busca dotar de mayor seguridad tanto a las estaciones de inspección como a los transportistas. Desde el sector se considera un paso necesario para normalizar un proceso que, en su fase inicial, ha evidenciado carencias de coordinación entre la normativa estatal y su ejecución práctica a nivel autonómico.
La autorización de los camiones de 44 toneladas representa un cambio relevante para la competitividad del transporte por carretera en España. Permite optimizar cargas, reducir el número de viajes necesarios y mejorar la eficiencia global de las operaciones, con impactos positivos tanto en costes como en sostenibilidad. Sin embargo, estos beneficios solo pueden materializarse si los procedimientos administrativos acompañan al cambio normativo y no se convierten en un cuello de botella para las empresas.
Desde Fenadismer insisten en que muchas de las trabas detectadas no responden a razones técnicas objetivas, sino a interpretaciones restrictivas o a la falta de directrices claras. La habilitación de un periodo excepcional en 2026 y la introducción de un sistema de anotación simplificada en la ficha técnica permitirían corregir estas disfunciones y facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo operativo.
A la espera de que se concreten los plazos y los detalles definitivos, el sector valora de forma positiva la disposición del Ministerio de Industria a revisar el proceso y a introducir mecanismos de flexibilidad, aunque persiste la crítica de improvisación en este aspecto dentro de la aplicación de la normativa.
Carlos Zubialde
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