El transporte de mercancías por carretera vuelve a situarse en alerta ante la posibilidad de que el Gobierno avance en la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina, una medida que elevaría de forma significativa los costes operativos de las empresas del sector. Según los cálculos de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), esta equiparación supondría un sobrecoste de más de 113 euros por cada repostaje completo de un camión.
Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que cualquier modificación fiscal se abordaría con diálogo previo con el sector, lo cierto es que esta posibilidad lleva años sobre la mesa, impulsada en gran medida por las recomendaciones de la Unión Europea en materia de fiscalidad medioambiental. Para el transporte profesional, la amenaza nunca ha desaparecido.
Un aumento directo del coste por depósito
Para poner cifras al impacto real de la medida, la CETM ha analizado el escenario actual. Con un precio medio del diésel de 1,42 euros por litro, llenar el depósito de un camión con capacidad para 1.000 litros supone hoy un coste aproximado de 1.420 euros.
En caso de equipararse el Impuesto Especial de Hidrocarburos al de la gasolina —lo que implicaría un incremento fiscal de hasta el 24,72%—, el coste del mismo repostaje ascendería a unos 1.533 euros. Es decir, más de 113 euros adicionales por cada llenado de depósito, una cifra difícil de absorber para muchas empresas, especialmente pymes y autónomos del transporte.
Este incremento, multiplicado por decenas de repostajes mensuales por vehículo, tendría un impacto inmediato y directo en la cuenta de resultados de las flotas.
Un impacto que va más allá del transporte
Desde el sector advierten de que el impacto de esta medida no se limitaría únicamente a las empresas transportistas ya que una subida de este calibre tendría un claro efecto dominó sobre el conjunto de la economía al encarecer los precios de bienes y servicios y trasladar el aumento de costes al consumidor final.
Según recoge la CETM en un informe entregado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado mes de febrero, en el ya se alertaba de un incremento de los costes operativos que pondría en riesgo la viabilidad económica de empresas y autónomos de una repercusión directa en los precios con efectos inflacionistas de una pérdida de competitividad de los productos españoles en los mercados europeos.
Además, esto se puede dar especialmente por la condición periférica de España y de una fuga de consumo de carburante por parte de flotas extranjeras que dejarían de repostar en territorio nacional reduciendo ingresos fiscales y afectando a áreas de servicio zonas de descanso y actividades auxiliares ligadas al transporte
Transporte, fiscalidad y competitividad
El debate sobre la fiscalidad del diésel vuelve a evidenciar la fragilidad estructural del transporte por carretera ante decisiones regulatorias que afectan de lleno a sus costes básicos. El combustible sigue siendo uno de los principales componentes del gasto operativo y cualquier alteración fiscal tiene un impacto inmediato en la cadena logística. Para muchas empresas del sector, especialmente aquellas con márgenes ajustados, la equiparación fiscal no solo supondría un problema económico, sino una nueva barrera para la inversión, la renovación de flotas y la transición hacia modelos más eficientes y sostenibles.
La discusión sobre la fiscalidad del diésel no puede abordarse al margen de la realidad operativa del transporte y la logística. Equiparar impuestos sin ofrecer alternativas realistas ni medidas de acompañamiento supone trasladar el coste de la transición energética a un sector que ya opera con márgenes mínimos y soporta una elevada presión regulatoria.
Si el objetivo es avanzar hacia un transporte más sostenible, la vía no puede ser exclusivamente fiscal. Renovación del parque de vehículos, incentivos claros a la inversión, infraestructuras adecuadas y seguridad jurídica son elementos imprescindibles para que el cambio no se traduzca en pérdida de competitividad y encarecimiento generalizado de la economía.
Mientras estas condiciones no se den, cualquier intento de equiparar el diésel a la gasolina corre el riesgo de convertirse, una vez más, en un problema añadido para un sector que sigue siendo clave para el funcionamiento del país.
Carlos Zubialde
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