La consideración de los combustibles renovables como una alternativa válida para reducir las emisiones del transporte vuelve a situarse en el centro del debate técnico y regulatorio, esta vez con el respaldo de un análisis académico que pone el foco en su comportamiento real durante la fase de utilización. Un estudio elaborado por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza y presentado por CRECEMOS concluye que estos combustibles presentan emisiones netas cero de CO₂ cuando se utilizan, en línea con el enfoque que ya recoge la normativa europea.
El trabajo parte de un principio ampliamente aceptado por la comunidad científica, el del ciclo cerrado de carbono. A diferencia de los combustibles fósiles, que liberan a la atmósfera carbono acumulado durante millones de años, los combustibles renovables emiten en su combustión un CO₂ que previamente ha sido capturado. Desde el punto de vista del balance atmosférico, no se añade carbono nuevo al sistema, sino que se reutiliza el ya existente.
El estudio analiza tanto biocombustibles como combustibles sintéticos o e-fuels. En el primer caso, el carbono liberado procede de biomasa que lo había fijado previamente mediante fotosíntesis. En el segundo, el CO₂ utilizado en su producción se obtiene directamente del aire mediante tecnologías de captura directa, combinado posteriormente con hidrógeno generado a partir de fuentes renovables. En ambos procesos, la cantidad de dióxido de carbono emitida en el uso final coincide con la capturada en la fase previa, cerrando el ciclo.
Este enfoque no es nuevo, pero sí relevante en un momento en el que el debate sobre la descarbonización del transporte tiende a simplificarse en torno a una única solución tecnológica. El análisis del I3A refuerza la idea de que la neutralidad en el uso de estos combustibles no es una interpretación interesada, sino una conclusión derivada de metodologías de Análisis de Ciclo de Vida aplicadas de forma consistente y alineadas con la literatura científica disponible.
Desde el punto de vista regulatorio, el estudio encaja con los criterios recogidos en la Directiva (UE) 2018/2001 (RED II), que reconoce a los combustibles renovables como emisiones cero en su fase de utilización. Esta distinción es clave para sectores del transporte donde la electrificación directa presenta limitaciones técnicas o económicas, como la aviación, el transporte marítimo o el transporte pesado por carretera, ámbitos en los que la reducción de emisiones pasa más por el combustible que por el vehículo.
Más allá del debate climático, el trabajo aporta un elemento de claridad operativa. Para operadores y cargadores, la cuestión no es solo qué tecnología será dominante en el largo plazo, sino qué soluciones están disponibles hoy y bajo qué condiciones regulatorias pueden integrarse en sus operaciones. La validación científica del ciclo cerrado de carbono reduce la incertidumbre en torno al papel que pueden desempeñar estos combustibles en estrategias de transición progresiva.
La descarbonización del transporte no se resolverá con una única palanca ni a corto plazo. Contar con evaluaciones técnicas rigurosas permite separar el análisis operativo de la discusión ideológica y entender qué herramientas pueden aportar reducciones reales de emisiones en cada segmento, sin perder de vista las limitaciones y los costes asociados a cada opción.
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