La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector Transporte, la organización de autónomos y pequeños transportistas que protagonizó el paro de marzo de 2022, ha anunciado que se pondrá en contacto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con los servicios de inspección de transporte para analizar los sistemas de contratación y subcontratación que aplican los grandes operadores. El anuncio llega después de que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la patronal logística UNO, la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC y la Asociación de Cargadores de España (ACE), entre otras organizaciones, no respondieran a su propuesta de reunión.
Plataforma planteó esos encuentros hace unas semanas con el objetivo, según explica, de sentarse a hablar antes de que los problemas terminen en conflicto. El cambio de tono tiene una explicación de calendario, porque la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre deja sin efecto práctico, a su juicio, cualquier movilización a corto plazo, y la organización optó por una vía más favorable al diálogo. Ante la falta de respuesta, ha decidido trasladar sus quejas a los organismos de control.
El foco está puesto en la forma en que los grandes operadores contratan y subcontratan a autónomos, microempresas y pequeñas empresas de transporte, que forman la base del sector y que, según Plataforma, afrontan en solitario problemas que son colectivos y estructurales. La organización quiere conocer los límites legales de esos sistemas y saber qué ocurre cuando se superan, y subraya que no se trata de denunciar por denunciar. No ha concretado qué prácticas pretende someter al análisis de la Inspección.
La hoja de ruta incluye además un requerimiento formal para participar en la negociación del III Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, el marco laboral que regula las condiciones del sector, una futura intervención ante el Parlamento Europeo y contactos con los grupos parlamentarios, que se encuentran en funciones hasta las elecciones.
La subcontratación en cadena es uno de los asuntos que más tensiona la relación entre grandes y pequeños en el transporte por carretera, porque cada intermediario entre el cargador y el camión que finalmente mueve la mercancía retiene una parte del precio, y el transportista efectivo es quien soporta el coste del gasóleo, de los peajes y del tiempo de espera en muelle. La cuestión ha ganado peso en las últimas semanas con la entrada en vigor del documento de control electrónico (DeCA), en el que algunas asociaciones han denunciado que ciertos cargadores trasladan a los transportistas la obligación de emitirlo, y con la exigencia de que se aplique la cláusula de revisión del precio del combustible.
El silencio de las grandes organizaciones empresariales deja Plataforma sin interlocutor en el sector y el siguiente paso es hacia los organismos de inspección, una vía más lenta pero con capacidad de imponer sanciones. El resultado dependerá de que la Inspección encuentre en esos sistemas de subcontratación algo más que un desequilibrio comercial, y de que el próximo Gobierno esté dispuesto a abrir la negociación del acuerdo sectorial.
Carlos Zubialde
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