El próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea vuelve a situar a las infraestructuras de transporte en el centro del debate, tras la petición conjunta de más de 40 organizaciones sectoriales —entre ellas la IRU— para que se asignen al menos 100.000 millones de euros al desarrollo de la red europea en el siguiente ciclo presupuestario.

La cifra no es simbólica. Las asociaciones plantean que esa dotación se articule principalmente a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF), el instrumento comunitario que financia proyectos estratégicos vinculados a la red transeuropea de transporte (TEN-T). El planteamiento responde a una constatación compartida en el sector: la financiación actual resulta insuficiente para cumplir los plazos de ejecución comprometidos y para adaptar la red a las nuevas exigencias regulatorias y energéticas.

La revisión de la TEN-T, ya aprobada por las instituciones europeas, fija calendarios exigentes para completar corredores principales y nodos estratégicos antes de 2030 y 2040. Sin embargo, el ritmo de inversión no siempre acompasa esos objetivos. En el caso del transporte por carretera, la presión es doble: por un lado, mantener la capacidad y seguridad de una red que sigue soportando la mayor parte del movimiento de mercancías; por otro, adecuarla a la transición hacia vehículos de cero y bajas emisiones.

El despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica de alta potencia y de repostaje de combustibles alternativos para vehículos pesados no puede desvincularse de la red viaria principal. Las empresas de transporte afrontan la renovación de flota en un contexto de incertidumbre tecnológica y costes elevados, y la ausencia de puntos de suministro suficientes condiciona decisiones de inversión que afectan a la operativa diaria.

A ello se suma la necesidad de reforzar la resiliencia de las infraestructuras ante crisis geopolíticas, disrupciones logísticas o fenómenos climáticos extremos. Los corredores transfronterizos y los accesos a puertos, plataformas intermodales y centros logísticos son elementos críticos para el abastecimiento del mercado interior. Sin inversión sostenida, la competitividad europea se resiente no por falta de capacidad empresarial, sino por limitaciones estructurales.

El transporte por carretera, aunque no es el único modo implicado, mantiene un papel vertebrador. Conecta producción, consumo y el resto de modos, y actúa como eslabón imprescindible en la distribución capilar. Para las pymes transportistas, que constituyen la base del tejido empresarial europeo, la calidad y continuidad de la red no es una cuestión estratégica abstracta, sino un factor directo en costes, tiempos y fiabilidad del servicio.

La discusión presupuestaria que se abre en Bruselas no es solo contable. Determinará si la transición energética y la cohesión territorial se apoyan en infraestructuras adaptadas o si se traslada al sector la responsabilidad de cumplir objetivos sin herramientas suficientes. Las empresas harían bien en seguir de cerca este proceso, participar a través de sus organizaciones y evaluar cómo la futura asignación de fondos puede condicionar su planificación a medio plazo. La red sobre la que operan no es un elemento dado; es una decisión política en construcción.

Carlos Zubialde

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