La llegada de la factura electrónica al transporte y la logística
La implementación de la facturación electrónica en España es una de las transformaciones más significativas en la gestión empresarial de los últimos años, y de la que ninguna empresa podrá "escaparse". Desde la aprobación de la Ley Crea y Crece en 2022, esta medida se ha ido consolidando con el obje
La implementación de la facturación electrónica en España es una de las transformaciones más significativas en la gestión empresarial de los últimos años, y de la que ninguna empresa podrá "escaparse". Desde la aprobación de la Ley Crea y Crece en 2022, esta medida se ha ido consolidando con el objetivo de mejorar la transparencia fiscal y agilizar la digitalización de las empresas. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dudas, especialmente entre autónomos y pequeñas empresas, que ven en esta obligatoriedad un desafío más que una ventaja.
El propósito de la facturación electrónica no es solo reducir el fraude fiscal, sino también minimizar la morosidad en las transacciones comerciales, algo a lo que el sector del transporte por desgracia, está acostumbrado de forma histórica pese a que el plazo de pago de los servicios se sitúa de media en los 63 días actualmente.
Al obligar a las empresas a emitir y recibir facturas en formato digital, se optimizan los procesos administrativos y se mejora el control financiero. A pesar de estos beneficios, la incertidumbre sigue presente, sobre todo porque aún falta la publicación del reglamento definitivo que marcará los plazos exactos de implementación.
Las grandes empresas deberán adaptarse en un plazo de un año desde la aprobación del reglamento, mientras que las pequeñas y medianas empresas, junto con los autónomos, tendrán un margen de dos años. Se estima que esta obligación será efectiva para todos los actores del mercado hacia 2026, aunque eventuales retrasos legislativos podrían modificar el calendario previsto.
En sectores con una operativa tradicionalmente basada en el papel, como es el transporte de hoy día por desgracia, la transición a un modelo digital supone una disrupción importante. No se trata solo de cambiar un formato de documento, sino de transformar completamente la metodología de trabajo. Adaptarse a una nueva plataforma tecnológica implica formación, inversión en software compatible y, en muchos casos, una reestructuración de los flujos de trabajo. Quienes no cumplan con la normativa podrán enfrentarse a sanciones económicas considerables.
En paralelo a la Ley Crea y Crece, la Ley Antifraude refuerza aún más las obligaciones en el uso de software de gestión y facturación. Esta normativa prohíbe la utilización de herramientas que permitan la manipulación de registros contables y exige que todos los sistemas utilizados para la facturación garanticen la integridad y trazabilidad de los datos. Los desarrolladores de software deben asegurarse de que sus programas cumplen con estos requisitos antes del 29 de julio de 2025, mientras que las empresas usuarias tendrán hasta el 1 de julio de 2025 para adaptarse. La Agencia Tributaria, aunque no exige una certificación específica, podrá imponer sanciones de hasta 50.000 euros a quienes usen software no autorizado.
Este marco legal ha puesto en alerta a empresas y autónomos que aún no han dado el paso hacia la digitalización total. La adaptación no es opcional, y más allá de las obligaciones normativas, supone una oportunidad para modernizar la gestión empresarial y optimizar los procesos administrativos. La facturación electrónica no es solo un requisito legal, sino una evolución necesaria en un mundo cada vez más digitalizado.