La digitalización del transporte y la logística ha avanzado de forma acelerada en los últimos años, con sistemas de gestión de flotas conectados, plataformas de contratación online, automatización de almacenes y una creciente integración de datos en tiempo real entre cargadores, operadores y clientes finales. Esa interconexión, que ha mejorado visibilidad y eficiencia, también ha ampliado la superficie de exposición frente a riesgos cibernéticos.
Durante el segundo semestre de 2025 se registraron en España 605 incidentes significativos de ciberseguridad, lo que equivale a una media de tres ataques graves al día. El dato, recogido por el equipo de Cyber Threat Intelligence de NTT DATA en su informe sobre tendencias y ciberamenazas, sitúa al país entre los más expuestos de Europa.
Para el sector logístico el contexto es especialmente relevante. La industria manufacturera figura entre los principales objetivos, con intrusiones en sistemas que automatizan y monitorizan procesos productivos. En varios casos, las empresas afectadas se vieron obligadas a detener líneas de producción para evitar la propagación del ataque. Cada parada industrial tiene un efecto inmediato en la cadena de suministro: retrasos en expediciones, ruptura de planificación y costes adicionales en transporte urgente o almacenamiento.
La alimentación y la logística también aparecen como sectores prioritarios para los atacantes. El acceso no autorizado a portales operativos, sistemas de gestión de pedidos o plataformas de intercambio de documentación compromete no solo la información, sino la continuidad operativa. En un entorno donde la trazabilidad y la sincronización son críticas, una interrupción tecnológica puede bloquear expediciones, alterar rutas o generar incumplimientos contractuales.
La motivación principal sigue siendo económica y el ransomware continúa siendo la tipología dominante. El secuestro de datos, acompañado de amenazas de filtración, explota una vulnerabilidad estructural del tejido empresarial español: una elevada presencia de pymes con niveles de protección desiguales y recursos limitados para ciberseguridad avanzada. En logística, donde abundan operadores medianos y pequeños altamente digitalizados pero con márgenes ajustados, este desequilibrio es particularmente sensible.
A escala global, el impacto económico anual del cibercrimen supera por primera vez los 10 billones de dólares, aproximadamente 8,5 billones de euros al tipo de cambio actual. El coste medio de un incidente de ransomware, considerando interrupción y recuperación, supera los cinco millones de dólares. Son cifras que trascienden el ámbito tecnológico y se convierten en un riesgo sistémico para la continuidad empresarial.
Un elemento diferencial en 2025 es la integración de la inteligencia artificial en las distintas fases de los ataques. Lejos de sustituir al operador humano, la IA actúa como acelerador: automatiza tareas de reconocimiento, adapta mensajes de ingeniería social a contextos culturales específicos y optimiza la selección de objetivos. Para el transporte y la logística, donde la comunicación por correo electrónico y el intercambio documental son constantes, esto incrementa el riesgo de suplantaciones y accesos indebidos.
En paralelo, el gasto mundial en seguridad de la información crece a doble dígito, pero la brecha entre inversión y exposición sigue siendo evidente. La progresiva implantación de marcos regulatorios europeos en materia de protección de datos aporta mayor estandarización en la respuesta, aunque no elimina la vulnerabilidad inicial.
Para operadores logísticos y empresas de transporte, la cuestión ya no es si el riesgo es real, sino cómo integrar la ciberresiliencia en la gestión diaria. La continuidad operativa depende tanto de la flota y el combustible como de la integridad de los sistemas que coordinan rutas, almacenes y pedidos. La seguridad digital ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un elemento estructural de la competitividad y la fiabilidad en la cadena de suministro.
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