La bajada del IVA de los carburantes pretendía aliviar el impacto económico de la escalada energética, pero una parte del sector ha reaccionado como era previsible. Según el análisis de Facua, una de cada cuatro gasolineras no trasladó la reducción fiscal al precio final, y en algunos casos incluso aplicó subidas. No es ilegal, pero sí revela una dinámica recurrente en el mercado energético: cuando el precio sube, el ajuste es inmediato; cuando baja, el efecto se diluye o directamente desaparece.
Los datos del sondeo realizado por Facua son claros: de las 9.255 estaciones de servicio que actualizaron precios, 2.337 incrementaron el precio del gasóleo. En 175 casos el precio no se modificó, absorbiendo completamente la rebaja fiscal, y 54 estaciones llegaron a vender más caro que antes de la bajada del IVA. El resultado fue una reducción media de 16,1 céntimos por litro, cuando la bajada fiscal debería haber situado la caída en 17,8 céntimos.
No, no es de extrañar, porque no es la primera vez que sucede, y tanto el sector como la ciudadanía en general se temían este tipo de movimientos. La traslación incompleta de la rebaja fiscal tiene un efecto directo sobre el coste de transporte, que a su vez se traslada al conjunto de la economía. El combustible no es solo un gasto más, es uno de los principales costes operativos del transporte por carretera y de la distribución urbana (se calcula que el 40% del coste total de la actividad). Cuando el ahorro fiscal no llega al surtidor, el impacto no se limita al consumidor final, se extiende a toda la cadena logística.
Además, la situación vuelve a evidenciar la posición de debilidad del transporte frente al mercado energético. El sector es cautivo del combustible y no puede reducir su consumo de forma inmediata ni sustituirlo en el corto plazo. Las empresas de transporte no tienen margen para dejar de repostar o esperar a que los precios se ajusten. Cada céntimo adicional impacta directamente en su cuenta de resultados, es de sentido común, por lo que la falta de empatía con esta realidad es más que evidente. Las estaciones de servicio conocen perfectamente la dependencia del transporte y la urgencia operativa con la que trabajan las empresas. Aun así, una parte del sector aprovecha la coyuntura para ampliar márgenes, sabiendo que la demanda seguirá existiendo. Es una lógica de mercado, pero también una señal de cómo determinados actores trasladan el riesgo siempre hacia los mismos.
El problema no se limita al transporte, claro está. El encarecimiento del combustible termina afectando al precio del producto final, a la distribución, a la logística urbana y, en última instancia, al consumidor. La bajada del IVA buscaba contener esa presión inflacionaria, pero la traslación parcial diluye el efecto y reduce la eficacia de la medida, haciendo que dichas medidas, en lugar de aplicarse al consumidor final, terminen en ciertos bolsillos, que ya están ciertamente llenos.
No es la primera vez que ocurre, ni probablemente será la última, por desgracia. Las rebajas fiscales en carburantes suelen generar este tipo de comportamientos, donde parte del beneficio se queda en la cadena intermedia. Se aplica eso de que el precio sube rápido y baja muy despacio.
El sector logístico vuelve a comprobar que su principal coste sigue dependiendo de decisiones ajenas y de dinámicas que se repiten con cada crisis energética. Las asociaciones y el CNTC ya han lanzado advertencias al Gobierno de la situación, porque la cuestión ya no es solo si la bajada fiscal llega al surtidor, sino cuánto tiempo seguirá el transporte asumiendo un papel de amortiguador económico cada vez que el mercado del combustible decide ajustar sus márgenes.
Carlos Zubialde
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