Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda de 110 millones de euros reclamada por la Inspección de Trabajo en concepto de cotizaciones sociales impagadas de 60.000 repartidores que operaron para la plataforma como autónomos sin cumplir los requisitos legales para serlo. La cifra es el resultado de una investigación abierta en julio del año pasado por la Inspección, que concluyó sus actuaciones en marzo de 2026 con esa reclamación y con el registro de 60.000 altas irregulares.
El reconocimiento de la deuda llega después de que la propia compañía anunciase en enero de este año su intención de dejar de contratar repartidores como trabajadores por cuenta propia, un cambio de modelo que en la práctica supone el acatamiento de la Ley Rider, en vigor desde agosto de 2021. Esa norma establece la presunción de laboralidad para los repartidores que operan a través de plataformas digitales, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 que ya establecía que los riders son trabajadores por cuenta ajena.
El giro de Uber Eats no fue voluntario. Según informó eldiario.es, el Ministerio de Trabajo estudió activar la vía penal contra la empresa si persistía en el incumplimiento de la ley, la misma presión que se ha aplicado en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial sigue abierto. La amenaza de responsabilidad penal aceleró el compromiso público de regularización.
La Ley Rider fue el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y afecta a todas las plataformas digitales dedicadas al reparto o distribución de productos que gestionen su actividad mediante algoritmos.
Carlos Zubialde
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