El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha emitido un comunicado de rechazo a las propuestas de SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras e infraestructuras, para implantar en España un sistema generalizado de peajes al transporte pesado. El posicionamiento del Comité se suma al que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ya trasladó directamente al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una reunión celebrada el pasado 6 de mayo.
La propuesta de SEOPAN se ampara en el principio del "quien usa paga", un argumento habitual en el debate europeo sobre financiación de infraestructuras viarias. El sector lo rebate con un dato concreto: el transporte por carretera aporta alrededor de 21.000 millones de euros anuales en impuestos ligados al combustible, según cifras de la CETM, y el CNTC eleva esa estimación a más de 200.000 millones recaudados en la última década solo a través de la fiscalidad del gasóleo de automoción. La posición del sector es que ya financia las carreteras, aunque lo hace a través de la fiscalidad del combustible y no mediante un peaje visible por kilómetro recorrido.
El CNTC advierte de que la implantación de peajes al transporte pesado repercutiría de forma directa en los costes de distribución y, en consecuencia, en el precio final de los productos, ya que el transporte por carretera interviene en más del 95% de las cadenas logísticas del país en algún punto del trayecto. Para los cargadores y los operadores, una tarifa de peaje estructural funcionaría como un coste fijo adicional que, en un sector con márgenes ajustados, terminaría trasladándose a la tarifa o absorbiéndose a costa de la rentabilidad.
El debate sobre los peajes en España no es nuevo. SEOPAN lleva más de una década reclamando algún modelo de financiación basado en el uso de la infraestructura, y la propuesta ha reaparecido periódicamente sin llegar a materializarse, en parte por la oposición del sector del transporte y en parte por la resistencia política ante una medida con impacto directo en el coste de la vida. La Ley de Movilidad Sostenible, que en su proyecto inicial contemplaba mecanismos en esta dirección, descartó finalmente su aplicación.
En el mismo comunicado, el presidente del CNTC, Javier Arnedo, valoró positivamente el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de reforzar la inversión en infraestructuras viarias, señalando la importancia de mantener un diálogo continuo entre la Administración y el sector para articular políticas de infraestructuras estables a largo plazo.
Carlos Zubialde
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