La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que preside Manuel Hernández, ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte. La organización ha canalizado sus propuestas a través del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que las registró en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de septiembre.
El eje central de las enmiendas es la protección del transportista efectivo, al que la Plataforma define como el eslabón más débil y vulnerable de la cadena logística. La organización critica que las fórmulas actuales de revisión de precios se centren casi exclusivamente en el gasóleo y en los contratos de carácter continuado, dejando desprotegidos los servicios esporádicos o los trabajos discontinuos, un vacío que a su juicio permite además que ciertos contratos continuados eviten sanciones por pagar por debajo de coste.
Entre las medidas concretas que la Plataforma reclama incluir en la ley figuran cuatro puntos. El primero exige que la revisión del precio del transporte contemple todos los costes que soporta el transportista efectivo, no solo el gasóleo. El segundo propone que el Observatorio de Costes que elabora el Ministerio de Transportes sirva de referencia obligatoria, de forma que su incumplimiento constituya indicio suficiente para activar la inspección del cargador y la sanción correspondiente. El tercero plantea que la actualización de precios sea mensual y se aplique a todo tipo de transporte, ligero o pesado, de envío único o continuado, con sanciones y controles en carretera y un mecanismo de actualización de costes para todos los intervinientes en el contrato. El cuarto reclama garantizar a autónomos y micropymes un margen de coste laboral suficiente para asegurar rentabilidad propia.
La Plataforma defiende que estas cuatro medidas tienen encaje en la legislación vigente, y recuerda que ya las había trasladado en anteriores ocasiones al propio Ministerio, ahora incorporadas formalmente como enmiendas al proyecto de ley. La organización insiste en que el transportista con uno o hasta diez camiones carece de capacidad real para oponerse a la posición dominante de los grandes cargadores, sin margen para fijar precio ni condiciones, y expuesto según denuncia a represalias cuando no acepta condiciones que considera abusivas.
Para reforzar su argumento, la Plataforma recuerda que cerca del 90% de las empresas de transporte español operan con entre uno y diez camiones, un dato que a su juicio debería bastar para orientar la legislación hacia las necesidades reales de ese tejido empresarial mayoritario, en lugar de hacia los intereses de las grandes compañías. La organización advierte de que, sin una corrección a corto plazo de la situación económica del sector, no descarta que vuelvan a producirse episodios de tensión similares a los ya vividos en el transporte español en los últimos años.
Carlos Zubialde
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