El Gobierno presentó la semana pasada el Plan Social para el Clima, dotado con 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032 y cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. De esa cifra, 2.269,6 millones irán destinados a la descarbonización del transporte por carretera, con la mayor partida, 846,2 millones, orientada a renovar flotas de vehículos pesados por eléctricos en microempresas vulnerables, con ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste. A esa línea se suman 642 millones para vehículos ligeros de autónomos y microempresas en la misma situación, y 400 millones para puntos de recarga en instalaciones propias de empresas, según los datos del propio Ministerio de Transportes.
Para el sector del transporte de mercancías, que llevaba más de dos años sin acceso a ayudas específicas para renovación de flota desde el fin del programa Moves Mitma, el plan tiene una lectura ambivalente. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora que el Gobierno haya retomado el apoyo a la transición energética del sector, pero ha formulado dos objeciones de fondo que afectan a la arquitectura del plan, no a sus cifras.
La primera es tecnológica. La práctica totalidad del presupuesto destinado al transporte de mercancías está vinculada a la electrificación de vehículos, dejando fuera de las ayudas a otras tecnologías que el sector ya utiliza o tiene a su disposición: combustibles alternativos, biocombustibles avanzados y mejora de la eficiencia de motores actuales. Carmelo González, presidente de la CETM, ha reiterado en este sentido que "descarbonizar no es solo electrificar", según sus propias declaraciones, y la organización considera que limitar el apoyo a una única vía tecnológica ignora la realidad operativa de muchas empresas, especialmente las que operan en larga distancia internacional, donde la autonomía y la infraestructura de recarga siguen siendo un problema no resuelto.
La segunda objeción es de alcance. El plan dirige las ayudas exclusivamente a microempresas y autónomos calificados como vulnerables, dejando fuera al resto del tejido empresarial del transporte por carretera, independientemente de su tamaño. La CETM señala que todos los operadores, con independencia de su dimensión, se enfrentan a los mismos retos de renovación de flota y adaptación normativa, aunque con distinta capacidad de inversión, y que concentrar los recursos en un segmento muy específico puede generar distorsiones competitivas en lugar de acelerar una transición real del conjunto del sector.
El argumento de fondo de la patronal es que un plan de descarbonización que no llega a la mayoría de las empresas no puede considerarse una política sectorial completa. Francia ha puesto en marcha programas específicos de apoyo al transporte de mercancías con un enfoque más amplio, tanto en términos de tecnologías elegibles como de tamaño de empresa beneficiaria, y la CETM lo señala como referencia en su comunicado.
El plan está actualmente en fase de audiencia pública antes de ser enviado a la Comisión Europea, previsiblemente antes de que finalice 2026. Ese proceso abre un margen para modificar el texto, y la CETM ha anunciado que participará en él con el objetivo de ampliar tanto el espectro tecnológico como el alcance empresarial de las medidas. Lo que está sobre la mesa no es si el sector necesita ayudas para descarbonizarse, que es una cuestión resuelta, sino si el diseño del instrumento responde a la complejidad real de un sector con más de 150.000 empresas, la mayoría de ellas con flotas diésel que no van a renovarse solo porque existan ayudas para las más pequeñas.
Carlos Zubialde
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