El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de ley antitabaco, que incluye la prohibición total de fumar en vehículos utilizados con fines laborales, camiones, furgonetas de reparto y coches de empresa entre ellos, incluso cuando el conductor circula solo. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha mostrado su rechazo a esta medida, sin cuestionar el objetivo de salud pública que persigue, pero considerándola desproporcionada tal y como está planteada para el sector del transporte profesional.
El primer argumento que esgrime la patronal tiene que ver con el propio proceso de elaboración de la norma, porque asegura que el Comité Nacional del Transporte por Carretera, del que forma parte, no ha sido consultado durante la redacción de una medida que afecta directamente a la actividad diaria de miles de conductores profesionales. Para CETM, cualquier cambio que modifique las condiciones en las que se desarrolla el trabajo del sector debería pasar antes por ese cauce de consulta, algo que en este caso no se ha producido según denuncia la propia organización.
El segundo argumento se centra en las particularidades de la conducción profesional, ya que la inmensa mayoría de los conductores de vehículos pesados realiza su trabajo en solitario, por lo que el hábito de fumar, sostiene CETM, no afecta a terceras personas dentro del propio vehículo. La patronal plantea además un paralelismo con los conductores particulares, que sí pueden fumar en su propio coche, y considera difícil de justificar que un profesional no pueda hacerlo en el suyo cuando ambos se encuentran, a su juicio, en condiciones de uso individual equivalentes.
CETM añade también una preocupación relacionada con la seguridad vial, al considerar que impedir fumar durante jornadas de conducción largas podría generar estrés, ansiedad y pérdida de concentración en los conductores, factores que a su vez podrían derivar en un mayor riesgo durante la circulación. A esto suma una última objeción, la posibilidad de que la norma incorpore sanciones económicas asociadas a su incumplimiento, lo que en opinión de la patronal podría convertirla en una medida con un componente recaudatorio adicional sobre un sector que, según denuncia, ya arrastra una presión normativa creciente.
La Confederación ha pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación del proyecto de ley, tengan en cuenta las particularidades del transporte por carretera y escuchen a sus representantes antes de la aprobación definitiva de la norma, con el objetivo de incorporar alternativas que considera más proporcionadas y eficaces para lograr los mismos objetivos de salud pública.
Carlos Zubialde
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