La guerra de Irán no solo está presionando los combustibles del transporte. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, ha alertado de que el encarecimiento de los materiales bituminosos derivado del conflicto está comprometiendo la viabilidad de los contratos de conservación de carreteras en España, y ha pedido al Gobierno que modifique la Ley de Desindexación de la Economía Española para permitir la revisión de precios en ese tipo de contratos.
El problema no es nuevo, pero sí se ha agravado de forma significativa en los últimos meses. Las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz se suman a una escalada de costes que el sector arrastra desde 2022, cuando la guerra de Ucrania provocó la primera gran sacudida en los precios de los materiales de construcción y la energía. Lo que entonces fue una crisis puntual se ha convertido en una presión estructural que los contratos de conservación, firmados con tarifas que no contemplan mecanismos de actualización, ya no pueden absorber.
Los materiales bituminosos son el núcleo del problema: el betún, derivado del petróleo y esencial para el mantenimiento del firme de las carreteras, está directamente expuesto a la volatilidad del crudo. Cuando el precio del barril sube con rapidez y los contratos públicos no prevén revisión, las empresas concesionarias quedan atrapadas entre unos costes reales crecientes y unos ingresos fijados en el momento de la licitación. Es una situación que ya se vivió en otros sectores de la obra pública durante la crisis de Ucrania, y que obligó entonces a medidas de urgencia que ahora no están activadas para la conservación viaria.
ACEX lo ha declarado de forma reiterada, de no tomarse medidas, la actividad de conservación de carreteras corre el riesgo de ver paralizados servicios en las semanas previas a la operación verano, el periodo de mayor tráfico del año y, por tanto, el de mayor exigencia para las infraestructuras. Una carretera mal conservada no es solo un problema de comodidad para el conductor, es un factor de riesgo directo para la seguridad vial, algo que el sector lleva años intentando trasladar con escaso éxito al debate político.
El acto de entrega del Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, que esta semana celebró su vigésima segunda edición en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, sirvió de escenario para trasladar ese mensaje a las administraciones presentes, entre ellas la Secretaría General de Transporte del MITMS, la DGT y la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Federico Soria, presidente de ACEX, subrayó que la conservación de carreteras es una disciplina técnica de alta especialización que exige ingeniería civil, gestión de activos, digitalización y capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, y que identificarla con una actividad de mantenimiento rutinario infravalora tanto su complejidad como su impacto directo en la seguridad de las personas.
La petición de reforma de la Ley de Desindexación tiene un recorrido político incierto. La norma fue aprobada en 2015 precisamente para evitar que la indexación automática de contratos públicos trasladara la inflación al gasto del Estado, y su modificación requiere voluntad legislativa en un momento en que el Gobierno tiene ya varios frentes abiertos con el sector logístico y del transporte. Sin embargo, el argumento de ACEX no es que se indexe todo, sino que contratos de larga duración expuestos a materias primas con alta volatilidad necesitan algún mecanismo de ajuste que evite situaciones de inviabilidad sobrevenida.
Para los operadores de transporte de mercancías, todo esto tiene un impacto directo sobre ellos, porque una red viaria que no recibe el mantenimiento adecuado por falta de recursos en las empresas concesionarias acaba trasladando sus costes en forma de mayor desgaste de la flota, tiempos de tránsito menos predecibles y, en los casos más graves, restricciones de circulación. La conservación de carreteras y la logística son actividades interdependientes que raramente se analizan juntas, pero que comparten la misma infraestructura y los mismos riesgos cuando esa infraestructura se deteriora.
Carlos Zubialde —
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