No es un problema español, aunque aquí se viva con especial intensidad. El encarecimiento del combustible está golpeando al transporte por carretera en toda Europa, y quienes menos margen tienen para absorberlo son, como siempre, los que más abundan en el sector del transporte: las microempresas y pymes. La Unión Europea de Asociaciones de Transportistas, UETR, de la que forma parte la española Fenadismer, ha lanzado un aviso formal que merece más atención de la que está recibiendo.
El aumento de los costes del combustible está mermando la rentabilidad, interrumpiendo las operaciones y amenazando la viabilidad de miles de pequeñas empresas del sector. No es una queja retórica del sector, es la descripción de lo que le ocurre a un autónomo o a una empresa de cinco camiones cuando su principal coste de explotación sube a un ritmo que no puede trasladar al precio del servicio, ya que los contratos fijos y la presión competitiva lo impiden en la práctica.
Ahí está el nudo del problema, porque una gran empresa de transporte puede renegociar tarifas con más músculo, tiene contratos marco con cláusulas de revisión más consolidadas y acceso a financiación para aguantar períodos de tensión. Una pyme, no. Y en el transporte por carretera europeo, las pymes no son la excepción, son la estructura sobre la que se mueve la mayoría de la mercancía.
La UETR reclama medidas en varios planos, y la lectura de sus demandas dice mucho sobre dónde están fallando los sistemas actuales. Primero, ayudas financieras nacionales específicas e inmediatas para las empresas afectadas, con condiciones de acceso lo más sencillas posible. Lo de "lo más sencillas posible" se refiere a que las convocatorias de ayuda que llegan tarde y con burocracia compleja no sirven a quien tiene que pagar el gasóleo esta semana. Segundo, mecanismos eficaces de transmisión de costes a lo largo de la cadena, para que el incremento no recaiga sistemáticamente sobre el eslabón más débil. Tercero, y aquí viene lo más difícil, coordinación entre Estados miembros para evitar distorsiones de competencia, porque si unos países apoyan a sus transportistas y otros no, el mercado único se convierte en una ventaja para quienes operan desde los países más intervencionistas.
Este último punto es el que más lentamente se mueve en Bruselas, ya que la coordinación fiscal y de ayudas de Estado en la UE tiene sus propios ritmos, que raramente coinciden con los de una crisis de precios energéticos. La UETR pide explícitamente medidas específicas y temporales por parte de la UE para hacer frente a los picos en los precios de la energía, incluyendo la adaptación de las normas sobre ayudas estatales. Es decir, que Bruselas flexibilice las reglas para que los gobiernos puedan actuar con más rapidez.
El debate de fondo no es nuevo, pero la urgencia sí lo es. El sector del transporte por carretera europeo lleva años operando con márgenes que no admiten grandes oscilaciones en los costes variables. Cuando el combustible sube con la velocidad que está subiendo ahora, la pregunta no es si hay empresas que van a cerrar, sino cuántas y en qué países. Las que sobrevivan serán las que tengan suficiente tamaño para aguantar, y eso, a largo plazo, reduce competencia y concentra el mercado en menos manos. Un resultado que no beneficia a nadie en la cadena, empezando por los propios cargadores.
Carlos Zubialde
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