La reunión entre Francisco Aranda, presidente de UNO, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo, celebrada esta semana, tiene un trasfondo que va más allá del protocolo habitual entre patronal y Gobierno. Cuatro meses después del inicio del conflicto con Irán, las empresas logísticas siguen absorbiendo unos costes energéticos que no remiten, y el mecanismo de apoyo diseñado para amortiguar ese golpe está a tres semanas de expirar.

Las ayudas extraordinarias aprobadas en marzo, al calor de la escalada de tensiones en Oriente Próximo, vencen el 30 de junio, y UNO ha pedido al Ministerio una prórroga de al menos un trimestre. La petición no es caprichosa: mientras los factores que justificaron las medidas siguen presentes, retirar el soporte implica que las empresas del sector asumen en solitario una presión de costes que no han generado ni pueden controlar.

Pero la cuestión de la prórroga no es el único frente abierto. El Real Decreto-Ley 7/2026 contempla bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible para el transporte profesional que, a día de hoy, todavía no se han hecho efectivas. El motivo es la autorización pendiente de la Comisión Europea, un trámite comunitario que está bloqueando el flujo de un dinero que muchas empresas ya habían incorporado a su planificación financiera.

Esa brecha entre lo prometido y lo cobrado tiene consecuencias concretas. Según ha trasladado la patronal, varias empresas han tenido que recurrir a financiación externa para cubrir el diferencial de costes, lo que se traduce en endeudamiento adicional y tensiones de tesorería que, en un sector de márgenes muy ajustados, no son fáciles de gestionar. Para las pymes del sector, que no cuentan con el colchón financiero de las grandes operadoras, el impacto puede ser especialmente pronunciado.

Lo que plantea Aranda al Ministerio es, en el fondo, una cuestión de previsibilidad. Las empresas no piden que el Estado las rescate indefinidamente, sino que las condiciones del mercado les permitan planificar con un mínimo de certeza. Contratar personal, hacer inversiones o asumir nuevos compromisos con cargadores resulta difícil cuando no se sabe si el combustible seguirá a los precios actuales ni cuándo se cobrarán unas bonificaciones que ya están comprometidas en los balances.

La volatilidad energética derivada del conflicto en Oriente Próximo no muestra señales claras de remisión, y el sector logístico es, junto al transporte por carretera, uno de los más expuestos a cualquier movimiento en el precio del crudo. Que UNO haya calificado positivamente la celebración de esta reunión de seguimiento dice algo sobre el tono del diálogo, aunque el contenido de lo conversado habrá que medirlo por lo que ocurra antes del 30 de junio.

Para las empresas que operan en el sector, la cuenta atrás ya está en marcha.

Carlos Zubialde

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