Más de 600.000 autónomos dejarán la actividad en los próximos cinco años en España, y el transporte por carretera figura entre los sectores con menos capacidad para absorber ese golpe. No es una sorpresa. Los datos llevan años apuntando en la misma dirección, y el sector, en su conjunto, ha tardado demasiado en asumir que el problema no se resuelve con parches.
El 50% de los camioneros en España tiene más de 55 años, mientras que los menores de 25 años representan apenas el 3% del total, según datos de IRU y Astic. La pirámide no puede ser más elocuente: una profesión que envejece a un ritmo que ningún programa de formación está compensando. En abril de 2026, el sector de transporte y logística contabilizó 214.881 autónomos, una caída del 2,51% en comparación interanual. Cada año hay menos, y no hay nada en el horizonte inmediato que invierta esa tendencia.
Lo que no se dice con suficiente claridad es que buena parte de esa escasez tiene causas estructurales que el propio sector ha contribuido a crear. Las condiciones laborales siguen siendo un freno real para la incorporación de profesionales jóvenes: jornadas largas, tiempos de espera no remunerados en carga y descarga, dificultades de conciliación y una percepción social de la profesión que no ayuda a atraer talento. A eso se añade una práctica que cuesta reconocer abiertamente: la resistencia de muchas empresas a contratar conductores por encima de los 50 años, justo el perfil que hoy sostiene la operativa diaria del sector.
Cerca del 65% de los transportistas considera necesarias mejoras en las condiciones laborales para hacer frente a la escasez de profesionales. No lo dice un sindicato ni un think tank; lo dice el propio colectivo. Y cuando más de la mitad de quienes trabajan en un sector señalan que sus condiciones son un obstáculo para atraer a otros, la conclusión es bastante directa.
El Real Decreto 1030/2025 contempla subvenciones de hasta 3.000 euros para la obtención de permisos de conducción de camión y autobús, con una dotación total de 500.000 euros entre 2026 y 2027. Frente a la salida de más de 600.000 autónomos en cinco años, esa cifra dice poco sobre la escala del problema que se pretende atajar. La medida puede ser útil en el margen, pero no alcanza para cambiar el fondo.
A nivel internacional, IRU estima que en 36 países existen 3,6 millones de puestos de conductor sin cubrir y que 3,4 millones de conductores abandonarán la profesión antes de 2029. España no es una excepción, es parte de una tendencia europea que ya está tensionando la capacidad de reparto en muchas zonas. Y cuando la jubilación de un transportista autónomo supone también la desaparición de rutas locales y clientes construidos durante décadas, el impacto no es solo estadístico.
El relevo generacional en el transporte no va a resolver por sí solo. Requiere condiciones que hagan la profesión atractiva para quienes todavía no la conocen, y que no expulsen a quienes ya la ejercen con experiencia. Ambas cosas, al mismo tiempo.
Carlos Zubialde
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