España afronta un ultimátum de la Comisión Europea que vence el próximo 31 de agosto. Si para esa fecha el país no ha equiparado la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, Bruselas dará por perdidos 475,3 millones de euros de los fondos Next Generation, un compromiso que España asumió en marzo de 2023 dentro de su Plan de Recuperación y Resiliencia, dotado entonces con más de 9.106 millones de euros.
El compromiso original, recogido como Hito 388 del plan, obligaba a elevar el gravamen especial del gasóleo desde los actuales 0,347 euros por litro hasta los 0,400 euros, una subida que además llevaría aparejado el 21% de IVA correspondiente. Bruselas calcula que esta medida por sí sola elevaría los ingresos públicos en una cantidad cercana al 0,3% del PIB, una cifra que explica el interés de la Comisión en mantener la presión sobre España pese a los sucesivos retrasos.
El pulso entre Bruselas y España entró en una fase crítica a finales de julio de 2025, cuando las autoridades europeas decidieron suspender el pago de 500,3 millones de euros de ayudas vinculadas a este compromiso, de los cuales 475,3 millones siguen hoy en riesgo de pérdida definitiva. La subida de impuestos que reclama la Comisión implicaría un encarecimiento del gasóleo de entre 0,11 y 0,12 euros por litro para el conjunto de los consumidores.
El Gobierno ha logrado hasta ahora convencer a Bruselas de mantener intactas las devoluciones del gasóleo profesional, el mecanismo que compensa a los transportistas de vehículos pesados frente a este tipo de subidas fiscales. Sin embargo, esa protección tiene un alcance limitado, porque solo pueden acogerse al gasóleo profesional los transportistas que operan con vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Eso deja fuera a unas 130.000 empresas de transporte ligero, la mayoría autónomos, además de a aquellos transportistas de vehículo pesado que por cualquier motivo no estén inscritos en ese mecanismo, quienes notarían el incremento del impuesto de forma directa en sus cuentas.
La aprobación de una subida de este tipo exige respaldo parlamentario en el Congreso de los Diputados, una cámara que ya ha rechazado esta misma propuesta en tres ocasiones anteriores, en 2019, 2020 y noviembre de 2024. Con el plazo del 31 de agosto cada vez más próximo, existe el temor en el sector a que el Gobierno intente sacar adelante la medida por la vía parlamentaria pese al escaso margen de tiempo disponible y las pocas probabilidades de obtener un resultado favorable en la votación.
Si la Comisión Europea no concede un nuevo plazo antes de que expire el actual, los 475,3 millones de euros de fondos Next Generation se perderán de forma definitiva, sin que ello suponga necesariamente el fin de la presión de Bruselas para que España acabe equiparando la fiscalidad de ambos combustibles en algún momento posterior.
Carlos Zubialde — contacto@informacionlogistica.com
España se juega 475 millones de fondos europeos por el impuesto al gasóleo
España afronta un ultimátum de la Comisión Europea que vence el próximo 31 de agosto. Si para esa fecha el país no ha equiparado la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, Bruselas dará por perdidos 475,3 millones de euros de los fondos Next Generation, un compromiso que España asumió en marzo de 2023 dentro de su Plan de Recuperación y Resiliencia, dotado entonces con más de 9.106 millones de euros.
El compromiso original, recogido como Hito 388 del plan, obligaba a elevar el gravamen especial del gasóleo desde los actuales 0,347 euros por litro hasta los 0,400 euros, una subida que además llevaría aparejado el 21% de IVA correspondiente. Bruselas calcula que esta medida por sí sola elevaría los ingresos públicos en una cantidad cercana al 0,3% del PIB, una cifra que explica el interés de la Comisión en mantener la presión sobre España pese a los sucesivos retrasos.
El pulso entre Bruselas y España entró en una fase crítica a finales de julio de 2025, cuando las autoridades europeas decidieron suspender el pago de 500,3 millones de euros de ayudas vinculadas a este compromiso, de los cuales 475,3 millones siguen hoy en riesgo de pérdida definitiva. La subida de impuestos que reclama la Comisión implicaría un encarecimiento del gasóleo de entre 0,11 y 0,12 euros por litro para el conjunto de los consumidores.
El Gobierno ha logrado hasta ahora convencer a Bruselas de mantener intactas las devoluciones del gasóleo profesional, el mecanismo que compensa a los transportistas de vehículos pesados frente a este tipo de subidas fiscales. Sin embargo, esa protección tiene un alcance limitado, porque solo pueden acogerse al gasóleo profesional los transportistas que operan con vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Eso deja fuera a unas 130.000 empresas de transporte ligero, la mayoría autónomos, además de a aquellos transportistas de vehículo pesado que por cualquier motivo no estén inscritos en ese mecanismo, quienes notarían el incremento del impuesto de forma directa en sus cuentas.
La aprobación de una subida de este tipo exige respaldo parlamentario en el Congreso de los Diputados, una cámara que ya ha rechazado esta misma propuesta en tres ocasiones anteriores, en 2019, 2020 y noviembre de 2024. Con el plazo del 31 de agosto cada vez más próximo, existe el temor en el sector a que el Gobierno intente sacar adelante la medida por la vía parlamentaria pese al escaso margen de tiempo disponible y las pocas probabilidades de obtener un resultado favorable en la votación.
Si la Comisión Europea no concede un nuevo plazo antes de que expire el actual, los 475,3 millones de euros de fondos Next Generation se perderán de forma definitiva, sin que ello suponga necesariamente el fin de la presión de Bruselas para que España acabe equiparando la fiscalidad de ambos combustibles en algún momento posterior.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
