Lo que ya se sabía ha terminado por suceder, y es que ante la obligación que quiere imponer Bruselas al sector del transporte para la compra obligatoria de camiones eléctricos para quien tenga flota, ha sido rechazado de plano por el sector, que ha trasladado formalmente a la Comisión Europea su oposición a la posible imposición de cuotas obligatorias de adquisición de vehículos de cero emisiones.
La International Road Transport Union (IRU) ha remitido una carta a la presidenta Ursula von der Leyen en la que expresa la postura conjunta de operadores y cargadores de los 26 Estados miembros (unos 5.000 se han adherido a la petición), alertando de que una medida de este tipo podría generar efectos adversos sobre el mercado y no lograr los objetivos climáticos previstos.
En su comunicación, la IRU subraya que las empresas de transporte están plenamente comprometidas con la descarbonización y ya avanzan de manera progresiva hacia flotas más sostenibles. Sin embargo, advierte de que imponer obligaciones de compra sin garantizar previamente las condiciones regulatorias, técnicas y operativas necesarias —como la disponibilidad de infraestructura de recarga, un marco fiscal adecuado o vehículos con autonomías compatibles con los servicios actuales— haría inviable el cumplimiento y podría comprometer la continuidad del servicio en numerosos corredores logísticos.
Y es que el próximo 10 de diciembre, la UE votará las nuevas medidas que creen que son necesarias implantar para impulsar el camión eléctrico, cuestión que el sector de forma mayoritaria rechaza, aduciendo que el rechazo no se dirige a los objetivos climáticos de la Unión Europea, sino al instrumento político planteado. Según la IRU, establecer cuotas obligatorias distorsionará la competencia, fragmentará el mercado interior y afectar a la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las pymes, que representan la gran mayoría del tejido empresarial del transporte por carretera en Europa.
El sector recalca que la transición hacia vehículos de cero emisiones ya está en marcha y se acelerará de forma natural cuando exista un entorno que lo permita: disponibilidad de vehículos fiables, costes asumibles, incentivos adecuados y una infraestructura suficiente para garantizar la operatividad de los servicios, así como una independencia energética que valore también otras opciones que no sean la electricidad. Hasta que esas condiciones no estén plenamente desplegadas, la imposición de obligaciones estrictas claramente generan más problemas que soluciones.
Pero, por otro lado, a escasos días, como decíamos que la Unión Europea tome nuevas medidas al respecto, los fabricantes insisten en la compra obligatoria de camiones eléctricos como "única vía" de que funcionen las ventas, ante la escasa o casi nula demanda de este tipo de camiones. Según la patronal, su opinión es que para coches y furgonetas se tiene que dar prioridad a los incentivos, pero parra los vehículos pesados piden "una fórmula diferente" que aumente progresivamente la proporción de envíos gestionados por camiones de cero emisiones, contemplando claro esta, la compra obligatoria como opción preferente.
El sector de la automoción también se juega mucho en este contexto, y están desplegando todas sus influencias para que Bruselas atienda sus peticiones, incluso si ello supone obligar al sector del transporte que de alguna manera tenga que utilizar camiones cero emisiones, ya sea imponiendo un número mínimo de camiones eléctricos según su flota o forzando a los clientes a contratar un número de rutas que se realicen con este tipo de vehículos.
La cuestión está encima de la mesa, a primeros de año el sector del transporte libro un "match ball" cuando la Comisión Europea dejo solo en recomendaciones y no obligaciones la compra de camiones eléctricos, pero en esta ocasión, parece que la cosa no será del mismo color, por lo que se viene apreciando por la presión del sector de la automoción.
Carlos Zubialde
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