El transporte de mercancías por carretera se asoma a una huelga indefinida a partir del próximo 8 de junio, aunque la convocatoria formal no llegará hasta 15 días antes de esa fecha. UGT ha perdido la paciencia con la tramitación de la jubilación anticipada de los conductores profesionales y ha decidido actuar, aunque no lo hace acompañado de todos los actores que en su momento firmaron la misma demanda.
El origen del conflicto es conocido en el sector, aunque sus implicaciones legales no lo son tanto. Hace más de seis meses, UGT, CCOO y las patronales CETM y Fenadismer presentaron formalmente ante la Seguridad Social la solicitud para que se estudie la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación de los conductores profesionales, una figura que adelanta el retiro en función de los años trabajados en empleos penosos, peligrosos o tóxicos. El problema es que, transcurrido ese plazo sin respuesta, la ley que regula los coeficientes establece que la solicitud se entiende denegada.
Ahí está la clave de la tensión actual. Para UGT, el silencio administrativo tiene un nombre: denegación. El sindicato deja una puerta abierta a desconvocar la huelga si el Gobierno manifiesta por escrito que los coeficientes no están denegados, que sigue gestionando el expediente, y aporta un calendario aproximado de resolución. Sin ese compromiso escrito, la movilización seguirá adelante.
CCOO comparte el diagnóstico, pero no la táctica. El sindicato cree que hay constancia de que el Ministerio está trabajando en el informe de mortalidad y morbilidad, el primero de los cuatro necesarios para conceder los coeficientes, y que el asunto podría resolverse en cuestión de semanas, razón por la que no se suma a la convocatoria de huelga por el momento. Dos sindicatos, la misma reivindicación, ritmos distintos.
Donde el desacuerdo es más contundente es en el frente patronal. Fenadismer, que también firmó la solicitud y que tramitó por su cuenta una petición equivalente para los conductores autónomos, rechaza la huelga con argumentos que van más allá de la oportunidad. La federación considera que paralizar la actividad del transporte supone un golpe directo a las empresas transportistas y los autónomos, y que resulta contradictorio que el sector empresarial sufra las consecuencias de una movilización cuando fueron precisamente las patronales quienes impulsaron y firmaron conjuntamente la solicitud de jubilación anticipada.
El argumento de Fenadismer es que el blanco equivocado no es la patronal, sino la Administración. La federación sostiene que las protestas sindicales deben dirigirse al Ministerio de Seguridad Social, que es el único responsable del retraso en la tramitación, y que utilizar el paro sectorial como herramienta de presión frente a una ineficiencia de exclusiva responsabilidad pública resulta inadmisible.
UGT, por su parte, entiende ese razonamiento, pero no lo comparte del todo. El sindicato apunta que algunas empresas, en realidad, no tienen interés en que se concedan los coeficientes reductores, ya que su aplicación les supondría un coste adicional. Una insinuación que tensiona aún más una relación entre sindicatos y patronal que, sobre el papel, defendía la misma causa.
Lo que queda por ver es si el Gobierno rompe su silencio antes del 24 de mayo, fecha límite para que UGT formalice o retire la convocatoria. El sector, mientras tanto, observa con una mezcla de comprensión hacia la demanda y preocupación ante las consecuencias de una huelga que nadie, salvo quizás el propio sindicato, parece querer.
Carlos Zubialde
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