El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado 4 de julio la Orden del Ministerio de Hacienda que activa definitivamente el pago de las ayudas directas y las bonificaciones al gasóleo aprobadas tras la crisis en Oriente Medio, una norma que llega después de recibir el visto bueno previo de la Comisión Europea. Con esta publicación queda despejado el principal obstáculo administrativo que impedía hasta ahora el desembolso efectivo de unos fondos que el sector lleva reclamando desde hace meses.
El contexto que originó estas ayudas se remonta al bloqueo del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, un episodio que disparó el precio del gasóleo y golpeó con especial dureza a autónomos y pequeñas empresas de transporte, con menor capacidad para absorber picos de coste energético sin comprometer su liquidez. El mecanismo aprobado por el Gobierno combina ayudas directas por vehículo con bonificaciones al gasóleo profesional, en una fórmula pensada para paliar ese sobrecoste extraordinario.
La orden establece plazos y condiciones distintas según el tipo de empresa. La normativa europea prohíbe conceder estas ayudas a compañías que tengan pendiente la devolución de otras ayudas declaradas ilegales, o que ya se encontraran en situación de crisis económica o proceso concursal antes de que estallara la crisis en Oriente Medio. Las empresas que se encuentren en alguno de estos supuestos deberán presentar antes del 30 de julio una declaración responsable comunicando su situación a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
Para las empresas de mayor tamaño, el control administrativo es distinto, porque deberán presentar también una declaración responsable, en este caso antes del 31 de diciembre, confirmando que el importe recibido no supera el 70% del sobrecoste real soportado en el surtidor, el límite que marca la normativa comunitaria para este tipo de compensaciones. Además, todos los beneficiarios que quieran acogerse a ayudas por encima de los límites generales establecidos deberán conservar facturas y registros durante un periodo de diez años, a disposición de futuras labores de control por parte de la Administración.
Con el marco normativo ya cerrado, el siguiente paso corresponde a la ejecución material de los pagos por parte de la Agencia Tributaria, un proceso que determinará en qué plazo real llega el dinero a las cuentas de las empresas de transporte que llevan meses esperando esta compensación desde que se aprobó la medida original.
Carlos Zubialde
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