La reciente polémica en Italia en torno a la indemnización obligatoria de 100 euros por hora de espera para los camiones muestra un escenario tenso y aun lejos de consolidarse. Mientras tanto, en España, el sector del transporte vive una situación mucho más estable y favorable gracias a una regulación clara, un cumplimiento más amplio y una mayor madurez en las relaciones entre cargadores y transportistas.
En Italia, la asociación de transportistas FIAP ha denunciado un incremento notable de presiones y amenazas por parte de algunos clientes que intentan evitar la aplicación del artículo 6-bis del Decreto Legislativo 286/2005. A pesar de que la normativa establece de forma inequívoca la obligación de pagar la compensación por tiempos de espera —incluso en demoras inferiores a una hora—, numerosos transportistas están recibiendo advertencias de pérdida de carga futura o solicitudes de firmar renuncias contractuales sin validez legal. FIAP advierte que estas prácticas podrían constituir abuso de dependencia económica y generar riesgos adicionales para la seguridad laboral de los conductores.
La situación ha llevado a la federación italiana a presentar un informe formal ante la AGCM, la autoridad de competencia del país, solicitando una investigación sobre posibles trabas a la aplicación de la normativa. Paralelamente, se ha creado un Observatorio permanente destinado a recopilar pruebas de retrasos, prácticas abusivas y presiones indebidas en los puntos de carga y descarga.
Mientras Italia lidia con estas resistencias, España presenta un contraste claro gracias a su marco regulatorio consolidado sobre los tiempos de espera —las paralizaciones—. La Ley del Contrato de Transporte y sus desarrollos posteriores han permitido establecer compensaciones claras, reducir prácticas abusivas, mejorar la seguridad operativa e impulsar relaciones más equilibradas entre cargadores y transportistas. Aunque persisten casos puntuales de incumplimiento, el grado de aceptación y cumplimiento en el mercado español es notablemente superior al observado en territorio italiano.
Además, la administración española ha avanzado en la profesionalización del sector mediante medidas como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores y la consolidación de derechos contractuales destinados a proteger al transportista. Estos pasos han contribuido a generar un entorno operativo más estable, eficiente y respetuoso con la actividad profesional.
Carlos Zubialde
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